La Junta de Castilla y León va a gastarse 101 millones de euros en alquilar durante 15 años un edificio, en Arroyo de la Encomienda, destinado a oficinas en las que trabajarán 550 empleados públicos.

Pagaremos 4.373.452 euros al año (que se irán incrementando con el IPC) por unas dependencias de 17.614 metros. Es decir, a 20,69 euros el metro cuadrado, «una clara mala gestión del dinero público y un grave despilfarro económico», según el PSOE, ya que el precio medio que se paga por locales de oficinas en el centro de Valladolid no supera los 12 euros, y se va a destinar el doble por ubicarse en el extrarradio.

Es más, el coste del edificio está calculado en 24,5 millones, con lo que se va a abonar cuatro veces más de lo que vale, sólo por arrendarlo.

Ante esta situación, el PSOE se pregunta en qué informe jurídico se basa la Junta para optar por el alquiler en vez de construir un inmueble propio y, tras decantarse por el arrendamiento, por qué ni siquiera se ha contemplaron en el contrato con la empresa adjudicataria algo tan habitual como la opción a compra.

Que se investigue

Los socialistas consideran que hay indicios suficientes como para hablar de «supuestas irregularidades» y han pedido que el consejero de Economía y Empleo, de quien depende la operación, se explique en las Cortes.

Quieren que aclare por qué en vez de velar por los intereses públicos se beneficia claramente a una empresa privada, o por qué no se ha edificado en parcelas de su propiedad, lo que hubiera abaratado aún más el proyecto.

El Grupo_Socialista insistió ayer en que si las aclaraciones de Tomás Villanueva no les convencen, pedirán una Comisión de Investigación para «llegar al fondo», pues consideran además «sospechosos» los movimientos que se hicieron en la adjudicación del contrato a Urban Proyecta PM3, primero a través de la ADE, y dos meses más tarde, de nuevo a través de Gesturcal, sin que mediara si quiera concurso.

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