Perú nombró este martes a su tercer presidente en menos de una semana. El centrista Francisco Sagasti ha asumido la jefatura de estado tras jornadas de protestas y represiones violentas, que se han saldado con un centenar de heridos, dos muertos y decenas de desaparecidos. De esta forma, se da a paso a un nuevo gobierno de transición a cinco meses de las próximas elecciones, con la esperanza de que se estabilice la crisis política que ha hecho tambalear al país andino, sumido además en la mayor recesión económica del último siglo.
El descontento social y hartazgo político es generalizado entre la ciudadanía peruana, que lleva años observando cómo los mandatarios actúan en beneficio propio y con cierta actitud de impunidad; heredada tras décadas de mediocridad y corrupción enquistadas en el seno de la estructura política. Así, la sensación de crispación entre la sociedad, en ebullición durante los últimos años, detonó hace una semana con la destitución del presidente peruano Martín Vizcarra, que fue expulsado del Gobierno por "incapacidad moral permanente". De ese modo, la oposición vio consolidado su objetivo de sacar a Vizcarra del poder, tras conseguirlo en una segunda "moción de vacancia" (destitución) por los supuestos sobornos recibidos cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014), cuya imputación aún no ha sido probada.
A falta de un vicepresidente que le sucediera, la Presidencia recayó en Manuel Merino, integrante del grupo político centro-derechista Acción Popular (AP). Apenas horas después de tomar juramento el jueves 12 de noviembre, miles de ciudadanos se echaron a las calles – por cuarto día consecutivo – a protestar en contra de su nuevo presidente, que se erigía en el poder en plena crisis económica y sanitaria de la Covid-19, y del cual aseguraban no haber sido elegido por el pueblo. Durante días, las protestas se intensificaron, hasta llegar a su punto más álgido el pasado sábado 13 de septiembre, cuando se llevaron a cabo las manifestaciones más masivas que se recuerdan en los últimos 20 años.
Consignas como "Perú, te quiero, por eso te defiendo" o "Merino no es mi presidente", entre muchas otras, se dejaron ver en todo el país pidiendo una renovación política. Por lo general, las movilizaciones – que tuvieron un fuerte carácter juvenil y de convocatoria por redes sociales – eran pacíficas (aunque sí que hubo casos aislados de violencia por parte de los manifestantes), pero el Gobierno respondió con brutalidad policial, en una represión que dejó a dos jóvenes de 22 y 24 años muertos por el impacto de los perdigones zonas vitales, 94 heridos y 42 ciudadanos desaparecidos, según han reportado organismos de derechos humanos y fuentes hospitalarias
Finalmente, tras los sucesos de los últimos días y la pérdida de apoyos en la esfera política, Merino anunciaba su dimisión el domingo, dejando al país completamente vacío de poder durante un día. El Congreso, encargado de elegir al próximo mandatario del país, descartó la candidatura de Silva Santisteban, que habría sido la primera mujer en estar al frente del Gobierno de Perú. En cambio, decidieron elegir al que habría sido su vicepresidente, Francisco Sagasti -del Partido Morado, de tendencia centro liberal- que será quien lidere la transición hasta las elecciones presidenciales previstas para el 11 de abril de 2021; y cuyo nombramiento parece haber calmado el ambiente tenso que predominaba en el país andino.
Corrupción endémica
"Sagasti viene acompañado de un currículo mucho más sólido y mucho más prestigioso que su predecesor. Es decir, una gestión más vinculada a la ciencia, la tecnología, etc. Su formación universitaria, inclusive, es mucho más sólida y prestigiosa; y eso hace que, evidentemente, no sea lo mismo Sagasti que Merino", explica a 20minutos Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano. "Además, la situación en la cual se ha llegado al país con estos acontecimientos, hará que buena parte de las fuerzas políticas se lo piense dos veces antes de provocar sucesos que causen mayor inestabilidad", añade.
"La corrupción está bastante presente en la vida cotidiana de Perú"
Ahora, se espera que el país mantenga la calma hasta los próximos comicios, después de haber reaccionado contra el que consideraban mal candidato por vincularlo a actos corruptos; y a pesar de que a Vizcarra está acusado también de lo mismo. Entones, ¿por qué Merino despertaba menos simpatía que su predecesor? "Vizcarra venía precedido de una buena 'aureola' como gestor, y las acusaciones de corrupción de más peso son posteriores a cuando estuvo ejerciendo", explica Malamud, afirmando que algunas reformas del mandatario fueron muy bien recibidas por la población, pues muchas iban dirigidas a combatir la corrupción. "En ese sentido, cuando Merino llega al poder, ya viene acompañado de una 'aureola' de corrupción bastante importante", cuenta.
"La corrupción está bastante presente en la vida cotidiana de Perú, y más en un momento en el cual, por un lado la pandemia y por otro el crecimiento económico de los últimos años, hizo muy difícil que pudiera ser remediado" asegura el investigador del Real Instituto Elcano.
¿Golpe de estado?
Muchos han hablado ya de un "golpe de estado encubierto" y de intereses escondidos en la destitución de Vizcarra, pero Malamud descarta clasificar lo sucedido como un golpe. "Es verdad que se habla de un golpe de estado encubierto, pero yo no llegaría tan lejos. Últimamente hay una tendencia a descubrir golpes de estado detrás de cada movimiento que tienda a destituir a un presidente".
"Perú necesita una reforma institucional muy profunda. Todos sus ex presidentes están o han sido condenados"
Según el investigador, lo que ocurre en Perú es que se han utilizado mal "algunos resortes institucionales", como en el caso del juicio de vacancia (destitución) por parte del Congreso. "Perú necesita una reforma institucional muy profunda. Todos sus expresidentes están o han sido condenados, están siendo investigados por corrupción, etc. Además, es uno de los países donde el Escándalo Odebrecht tuvo efectos más devastadores (a parte de Brasil). Pero la corrupción no es algo nuevo, y la debilidad institucional tampoco", asevera Carlos Malamud, señalando la "debilidad de sus partidos políticos" como uno de los principales problemas que tiene Perú y otros países de América Latina.
"Esto, con partidos políticos más fuertes, más estructurados, no hubiera pasado", asegura, añadiendo que la forma en la que actúan muchos diputados al margen de la disciplina partidaria, "hace que lleguemos a estos extremos". "Yo creo que aquí no ha habido un golpe de estado. Lo que hay es un estado golpeado por la debilidad de las instituciones, de los partidos, la corrupción de muchos políticos, etc. Lo que hace que la situación sea insostenible", destaca.
La generación del bicentenario
Los protagonistas de las protestas han sido los jóvenes, que ya han recibido el nombre de "generación del bicentenario" por los 200 años que está a punto de celebrar la independencia del país. Se trata de una generación que, como se ha visto también en otros países de América Latina, se niega a aceptar más abusos de poder por parte de sus mandatarios.
"De alguna manera, los jóvenes expresan la rebeldía, son los más inconformes con el tema de la corrupción, los más descontentos, los más proclives a salir a la calle…", explica Malamud.
Descontento generalizado en América Latina
En América Latina, las protestas se sucedieron a lo largo del año pasado en varios países. "Es algo que ya se veía viendo en las encuestas de los últimos siete/ocho años", cuenta el investigador de América Latina, vinculando ese hartazgo a un descontento creciente con la democracia, los políticos, los partidos y las instituciones. "Y esto persiste, lo que ocurre es que la llegada de la pandemia achantó la curva de la protesta y se fueron moderando bastante. Pero la situación sigue siendo complicada, y más en un entorno agravado, precisamente, por los efectos de la pandemia", asevera.
A la espera del fallo del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional de Perú deberá hacer pública en los próximos días la resolución sobre la legalidad de la destitución del expresidente Martín Vizcarra. La presidenta del TC, Marianella Lesdesma, propuso este lunes al resto de magistrados dar la razón al expresidente Martín Vizcarra en su demanda contra la polémica destitución que sufrió en el Congreso la semana pasada, aunque no plantea su restitución en el cargo.
"Habría que ver, si se produce un fallo en ese sentido, en qué condiciones se da y si vuelve a marcar el hecho de que Vizcarra tenga que volver a ocupar la presidencia. Yo creo que eso sería también un nuevo golpe a la estabilidad política del país", afirma el investigador, considerando que el país necesita llegar, "de la mejor manera posible" a las elecciones de abril, cuando se elegirá a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso.
"En ese sentido, de momento, los candidatos presidenciales son de una gran debilidad, faltan figuras políticas de peso - hay un ex futbolista (que es el que mejor está situado en las encuestas)- y, para el congreso, tampoco es que sea más optimista el pronóstico. Más bien todo lo contrario", lamenta, asegurando que, si el actual congreso ya está marcado por el "poco peso" de los parlamentarios, "me temo que el que viene, si no hay cambios, va a ser más o menos igual".
¿Un antes y un después para Perú?
"Todo va a depender. Hasta abril todo va a seguir más o menos igual con este Congreso, es prácticamente imposible desarrollar nada nuevo. Veremos quién es el nuevo presidente, qué Congreso sale de ahí, y si hay (o no) una decidida voluntad - tanto de los políticos como del pueblo peruano-, de firmar un contrato social y emprender una reforma política en profundidad; sumamente necesaria en el país", concluye.
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