El Gobierno de Aragón reforzará los derechos de ciudadanía y protegerá a los más vulnerables con el Presupuesto de 2021

El Gobierno de Aragón mantendrá y reforzará los derechos de ciudadanía, protegerá a los más vulnerables, "seguirá afianzando" el sistema de servicios sociales" y hará frente a la situación de pandemia del coronavirus con los 443 millones de euros del presupuesto del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales para 2021.
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón presenta en las Cortes autonómicas los presupuestos de su Departamento para 2021.
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón presenta en las Cortes autonómicas los presupuestos de su Departamento para 2021.
GOBIERNO DE ARAGÓN
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón presenta en las Cortes autonómicas los presupuestos de su Departamento para 2021.

Así lo ha manifestado la consejera del ramo, María Victoria Broto, ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón, quien ha detallado que a esa cantidad hay que sumar 33 millones de los fondos de recuperación europeos React-UE, "lo que unido a los tres millones que se incrementa la partida inicial supone un aumento del 8,18 por ciento respecto a las cuentas de 2020".

Broto ha señalado que son unos presupuestos "flexibles" para "adaptarnos en tiempo real a la evolución de la situación sanitaria y socioeconómica" generada por la pandemia, así como "realistas y rigurosos", que tienen en cuenta la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica.

La consejera ha contado que el presupuesto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) será de 407,6 millones de euros, cuya ejecución "va a estar marcada por la lucha contra la pandemia", así como por su "reorientación" fruto de la futura Ley aragonesa de la prestación complementaria y la creación del Servicio Público para la Inclusión, ante la progresiva incorporación del Ingreso Mínimo Vital creado por el Gobierno de España, del que se prevé que lleguen a Aragón 50 millones de euros.

De los 407,6 millones, 69,5 están consignados para la atención a la dependencia, 19,2 para financiar los servicios de ayuda a domicilio, 47,2 para la atención a las personas con discapacidad y se incrementa el pago por plazas concertadas en un 2,5 por ciento.

El IASS también prevé destinar 40 millones al Ingreso Aragonés de Inserción para quienes se queden fuera del Ingreso Mínimo Vital y cuatro millones para Ayudas de Integración Familiar, así como 3,5 para complementar las prestaciones no contributivas.

MENOS DEMORAS

La consejera ha expresado su voluntad de "acabar con las demoras" en dependencia y en la valoración de la discapacidad y también ha mencionado la creación de una fundación pública de atención a las personas tuteladas del Gobierno de Aragón para "agilizar" trámites ya que "cada vez tenemos más" y existe "una dificultad grande para gestionarlo".

Broto ha informado de que se contemplan cinco millones para los centros COVID, ha aclarado que el pago de la Seguridad Social a los cuidadores no profesionales de la dependencia aminora porque el Gobierno de España ha asumido este cobro, igual que las pensiones no contributivas al haber mejorado la aportación del Estado, pero, "si fuera necesario, la partida se ampliaría".

Asimismo, detallado que los 33 millones de fondos europeos está previsto destinar once a equipamientos públicos para cuidados de larga duración, como residencias, viviendas y centros de día, y 6,5 para la adaptación de infraestructuras, así como para la tecnología en los cuidados o adquisición de elementos de protección y diagnóstico.

La consejera ha pedido apoyo lograr que lleguen esos fondos, en concreto, al PP, partido al que también ha solicitado "reflexión" para que su voto al presupuesto no sea "igual que Vox".

DIRECCIONES GENERALES

La Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social dispondrá de 1,2 millones para seguir avanzando en las políticas de transparencia y participación social y la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración tendrá 5,2 millones para impulsar la cooperación al desarrollo y 1,2 para integración social de las personas migrantes.

La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios gestionará 2,8 millones de euros y recupera el apoyo a asociaciones y entidades locales, ámbito en el que la pandemia ha generado un incremento de consultas.

La Dirección General de Familias contará con 3,3 millones de euros y entre sus objetivos figura presentar una ley de Familias de Aragón "que respete los diferentes modelos" e impulsar medidas encaminadas a la conciliación. Igualmente, pretende desarrollar la ley Trans y la ley de igualdad y protección contra la no discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género, ha expuesto Brot.

El presupuesto del Instituto Aragonés de la Juventud será de 6,9 millones de euros destinados a potenciar el plan de retorno del talento joven e impulsar la ejecución de las obras de la residencia Luis Buñuel de Teruel.

La consejera ha reconocido que los próximos meses van a ser "muy difíciles" a causa de la pandemia, "pero mantenemos el compromiso de un trabajo infatigable y de gestión eficaz para que cada euro de dinero público revierta en los servicios sociales".

DISTRIBUCIÓN DESIGUAL

La diputada del PSOE, Pilimar Zamora, ha opinado que esta cuentas "van a permitir impulsar grandes leyes y continuar avanzando en participación, cooperación e inmigración en un momento en el que pueden crecer actitudes racistas", también en corresponsabilidad familiar y ha pedido apoyarlos para que las consecuencias de la crisis "no se distribuyan de forma desigual".

La parlamentaria del PP, María Ángeles Orós, ha mostrado su "decepción" porque el presupuesto solo aumenta en tres millones de euros, si no se tienen en cuenta los 33 de la UE, que no se sabe "cuándo, cómo, cuánto y en qué condiciones llegarán", además de que "no priorizan y recolocan cantidades en el IASS para tapar algún agujero o compromiso adquirido". "Dónde está la expansión para los más vulnerables", se ha preguntado.

La representante de Ciudadanos, Loreto Camañes, ha mostrado predisposición a llegar a acuerdos en un año en el que "los aragoneses nos piden que les demos soluciones a quienes peor lo están pasando", si bien estarán "vigilantes" para que haya una "ejecución integra" de todas las partidas.

La diputada de Podemos, Erika Sanz, ha pedido "altura de miras" para "responder a las necesidades sociales que en algunos casos se están tornando acuciantes", ha apostado por la modernización de la estructura de los servicios sociales y ha dado la bienvenida a los presupuestos participativos, así como a articular un sistema de cuidados público.

La parlamentaria de CHA, Carmen Martínez, ha sostenido que convivir con la COVID-19 "no impide, sino que obliga a seguir ejerciendo los derechos de ciudadanía" y por eso el desarrollo de leyes, para opinar que la pandemia ha hecho valorar el sistema de cuidados.

POLÍTICAS IDEOLÓGICAS

El representante de Vox, David Arranz, ha estimado que existe "insuficiente dotación para el rescate social de los más vulnerables" frente a partidas para aplicar "políticas ideológicas y chiringuitos afines relacionados con cuestiones de género". Como ejemplo, ha dicho que los aragoneses "no van a hacer colas para pedir información sobre bulos xenófobos, sino en parroquias y en Cáritas para pedir comida".

La diputada del Partido Aragonés, Esther Peirat, ha comentado que el acuerdo entre los cuatro socios de gobierno -PSOE, Podemos, CHA y PAR- va a "garantizar los fondos" para "proteger y seguir afianzando pilares básicos del Estado del bienestar". "Apostar por las personas es el camino, lejos de enfrentamientos que no nos van a llevar a ninguna parte", ha dicho, al tiempo que ha considerado que estas políticas también contribuyen "a fijar población".

El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha querido saber a qué proyectos se van a dedicar los 15 millones de euros de los 33 que van a llegar de Europa sobre los que no se ha concretado destino y ha rechazado que se produzca un incremento de las externalizaciones, para pedir que se concrete en los pliegos que el incremento de la concertación revertirá en mejoras salariales de los trabajadores.

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