En un comunicado, el departamento autonómico reivindica que con este acuerdo, la administración autonómica gallega se convierte en la "primera" en adaptar el real decreto de teletrabajo del Gobierno central en septiembre. Tiene tres años de vigencia y reemplaza la normativa que estaba en activo desde 2013.

Así, el teletrabajo se considera la prestación de servicios a distancia, siempre que sea posible desarrollar la prestación de servicios en esta modalidad, fuera de las dependencias de la administración. Es una modalidad voluntaria y reversible, tanto para el empleado como para la administración, con una autorización de un año y que se prorrogará automáticamente mientras persistan las mismas circunstancias.

El teletrabajo será compatible con cualquiera de las modalidades horarias -ordinaria, flexible o especial-. Pese a la oposición de la mayoría de sindicatos, el horario de referencia será entre las 9 y las 14,30 horas, aunque habrá planes individuales que se adaptarán a otras flexibilidades que ya tengan concendidas los empleados públicos. Tras la negociación sindical, también se incorporó la desconexión digital como derecho.

Para acogerse a esta modalidad de trabajo, tendrán prioridad las víctimas de violencia de género, mujeres embarazadas (una incorporación de última hora), personas con discapacidad, mayores de 60 años, aquellas que tengan necesidad de conciliar la vida familiar y personal y las personas que tengan un mayor tiempo y distancia de desplazamiento del domicilio al lugar de teletrabjo.

La unidad administrativa tiene que garantizar, salvo excepciones porque el personal con el que cuenta es escaso, con un 40 por ciento de presencialidad. Para autorizar la prestación de servicios con esta modalidad, debe poder implantar un sistema de gestión de trabajo por objetivos o un sistema medible de asignación de tareas.

Además, los empleados públicos que soliciten teletrabajo, contarán con un plan individual en el que se recogerán los objetivos, calendario, indicadores para medir su grado de cumplimiento y los horarios.

MEDIOS TÉCNICOS Y EXCLUSIONES

La Administración facilitará, por primera vez, los medios técnicos para desempeñar el puesto de trabajo en esta modalidad -un ordenador, herramientas ofimáticas, acceso a las aplicacioens informáticas de la comunidad y conexión con los sistemas informáticos de la administración.

En todo caso, quedan excluidos los puestos de trabajo cuyas funciones "necesariamente exijan la prestación de servicios presenciales", uno de los aspectos de más controversia en la negociación sindical y que, precisamente, motivaron el no de UGT y CC OO, tal y como ratificaron a Europa Press los representantes de ambos sindicatos.

Los sindicatos sostenían que había puestos de trabajo que, al margen de la atención al público, también tienen tareas fuera de ese horario, por lo que se podía prestar en la modalidad de teletrabajo.

Finalmente, quedaron excluidos de esta modalidad puestos en oficinas de registro y atención e información a la ciudadanía; puestos de personal de conductor y de personal subalterno; puestos técnicos o administrativos de unidades con atención 24 horas como el personal de emergencias o prevención de incendios; puestos que desarrollan su actividad fuera de las dependencias administrativas; secretarías de altos cargos o aquellos puestos que impliquen manejo de información y de acceso a datos no digitalizados.

ÚLTIMOS CAMBIOS

Entre los últimos cambios de la norma, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha reducido el tiempo mínimo en la prestación de un servicio para poder acceder a esta modalidad, de forma que se permite con la acreditación de un año de experiencia en puestos con funciones y tareas análogas a las del puesto de trabajo que se pretende desempeñar con teletrabajo, así como también si cuentan con un informe del supervisor favorable aunque no hayan permanecido ese tiempo requerido. La propuesta inicial era de dos años en el puesto, sin ninguno de estos matices.

La dotación mínima obligatoria del 40 por ciento se ciñe a la unidad administrativa y no se tendrá en cuenta en los órganos en los que haya escasa dotación de personal y no sea posible garantizarla. Las jornadas máximas de teletrabajo no podrán superar la mitad de las laborales mensuales y el "titular del centro directivo podrá disponer que un día de la semana, quincena o mes todo o parte del personal del órgano preste servicios de forma presencial simultáneamente", un aspecto que también ha sido modulado en la negociación, ya que inicialmente esto se contemplaba obligatorio semanalmente.

"De forma excepcional y suficientemente motivada", el número de jornadas en régimen de teletrabajo podrá ser superior a las previstas mensuales, avalado con informes y autorizaciones pertinentes.

La normativa incluye ahora -frente a la propuesta inicial de la Consellería de Facenda, un nuevo artículo en el que se recoge un régimen especial de autorización, que incluye que la Administración podrá recoger el teletrabajo como prestación obligatoria en situaciones como la vulnerabilidad de la persona empleada pública; obras, traslados o circunstancias de fuerza mayor que impidan el desarrollo de forma presencial; cuando no sea posible un traslado por motivos de violencia de género; y por la declaración de una situación de emergencia.

POSTURA SINDICAL

El secretario de Acción Sindical de CSIF, José Sánchez-Brunete, ha explicado que la posición en contra de este sindicato se basa en que Galicia "no puede tener un teletrabajo más precario" que el que se firmó en una comunidad como Madrid. "Es un despropósito", ha dicho, para indicar que la propuesta definitiva de la Xunta ha sido "más desfavorable" que la de otros territorios y "un ataque a los trabajadores públicos".

Frente a esta postura, la secretaria nacional de CIG-Autonómica, Zeltia Burgos, ha destacado que el teletrabajo se "universaliza" gracias a este decreto, en contraposición al de 2013, cuando esta central sindical no lo apoyó y era una modalidad "residual". Además, ha dicho que el apoyo al texto se debe a un ejercicio de "responsabilidad como sindicato mayoritario en la administración pública".

En declaraciones a Europa Press, ha indicado que este acuerdo "permitirá bajar la presencia" de empleados en un momento de crisis sanitaria. Además, ha indicado que, si bien se mantienen las jornadas mínimas presenciales y otras ratios, se han incluido la posibilidad de realizar un "plan individual" que permita aumentar las jornadas de teletrabajo a más del 50 por ciento.

Zeltia Burgos ha señalado, asimismo, que el visto bueno al decreto permite "desbloquear" el teletrabajo en la administración pública en un momento en el que, dijo, estaban "paralizadas" todas las peticiones precisamente, añadió, porque este decreto no había salido adelante.

Por su parte, Lino Díaz, de UGT, ha explicado a Europa Press que la principal razón del no de este sindicato se fundamenta en que no hubo cambios en el artículo 3 de la norma, lo que significa, ha dicho, dejar a muchos empleados públicos "excluidos" de la posibilidad de acogerse al teletrabajo. "Era la clave", ha afirmado.

En esta línea, por parte de CC OO, Javier Lareu ha manifestado que esta regulación "empeora las condiciones" de la anterior normativa, de forma que se ven "reducidos" los días máximos que pueden trabajar y "excluye a colectivos muy numerosos" de esta modalidad.