La sala le considera culpable de los delitos de intento de estafa y falsedad en documento mercantil, aunque rebaja la pena en aplicación de dilaciones indebidas. La sentencia absuelve a otro hombre, que estaba acusado de participar en operaciones similares, según la sentencia con fecha del 6 de abril de 2017, que ha dado a conocer este viernes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Según los hechos probados, el condenado conoció en 2011 por los medios de comunicación la situación económica de la CAM y la bolsa de viviendas de la que disponía. Así, ideó un procedimiento para obtener un beneficio económico con las viviendas en stock de la entidad.

El hombre confeccionó un documento falso, que no se correspondía con la realidad, y en el que se certificaba que el acusado estaba autorizado para vender "en exclusiva" los inmuebles del banco.

El hombre nunca había trabajado para la entidad y la sala califica de "documento completamente imaginario" el que le autorizaba y que estaba dirigido a proyectar una "imagen y cualidad irreales" de cara a los posibles clientes.

Además, obtuvo de la web de la CAM un listado de viviendas, sobre todo de Madrid y la zona del Mediterráneo, con el precio de venta fijado por el banco, al que añadió a mano un precio de tasación, muy superior al que había fijado la entidad.

Con este sistema, contactó con al menos un posible cliente, al que remitió los dos documentos con la intención de realizar una operación de compra-venta. El cliente dudó de la documentación y avisó a la CAM.

La sala considera que el condenado cometió un delito de falsedad en documento mercantil y que el delito de estafa fue en grado de tentativa por estar vinculado con el primero. Así, le impone 3 meses de cárcel por intento de estafa y 6 meses por falsedad documental.

Esa pena supone una reducción de la solicitada por el ministerio fiscal -10 meses de prisión por falsedad, tres años y medio por estafa continuada y dos años por estafa intentada-, y por la acusación particular -6 años de prisión por dos delitos de estafa agravada y uno de intentada-.

Se le aplica la atenuante por dilaciones indebidas porque los hechos se produjeron a principios de 2011 y entre la calificación del fiscal y la celebración del juicio pasaron 3 años.