Entre sus 68 enmiendas, el PP reclama que, hasta que la Comunitat no cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado por el Gobierno, el máximo de trabajadores eventuales se fije en 74 puestos y el de altos cargos no pase de un máximo de 89 en el ejecutivo valenciano (PSPV, Compromís y Unides Podem), así como que todos estén sujetos a la ley de incompatibilidades.

Los de Isabel Bonig proponen deducciones en el tramo autonómico del IRPF de hasta 600 euros por gastos derivados de la compra de material para protección como geles y mascarillas: una de 200 euros con carácter general para todos los contribuyentes, de 300 para familias numerosas y de 600 para autónomos. Esta deducción sería aplicable mientras dure la pandemia y "sin que la administración pueda exigir acreditación documental".

Otra de sus enmiendas es que no se pueda contratar con la Generalitat ni con sus entidades autónomas y el resto de organismos integrantes "si hay una relación afectiva o de consanguinidad hasta tercer grado de cualquiera de los miembros del Consell", junto a otra similar referida a los altos cargos o empresas participadas por ellos.

El PP también plantea deducciones por nacimiento o adopción de hijo: 600 euros al primero, 750 al tercero y 900 al tercero o sucesivos. En el caso de partos o adopciones múltiples, estas cuantías se incrementarían en 600 euros por descendiente.

En materia educativa, exige la derogación de la Ley 4/2018 por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano. Y en vivienda, la del Decreto ley 6/2020 para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto.

El grupo 'popular' pide en otras enmiendas que los integrantes del comité valenciano para asuntos europeos no perciban ninguna gratificación por la asistencia, además de la supresión del Instituto Valenciano de Estadística.

VOX ADVIERTE QUE ES UNA TRAMPA PARA SUBIR IMPUESTOS

Vox, por su parte, enmienda a la totalidad la ley de acompañamiento porque cree que supone "un fraude para los valencianos y una trampa para incrementar la carga fiscal sin cumplir la tramitación parlamentaria". Una de sus peticiones es evitar que la Generalitat aumente los supuestos donde puede ejercer el derecho de tanteo y retracto, ya que lo considera ilegal y lesivo.

Entre sus reclamaciones está que los certificados telemáticos queden exentos de tasas, ya que advierte que el proyecto "aumenta de 27,4 y 18,45 euros a 35 la tasa de inscripción en pruebas selectivas para el acceso al cuerpo docente del grupo A1 y A2, respectivamente".

Los diez diputados también piden ampliar a cualquier persona la nueva deducción que plantean los grupos del Botànic para donaciones de dinero a una víctima de violencia machista para la adquisición de vivienda habitual, así como que pase del 95 al 99%.

Por otro lado, exigen la eliminación de la deducción por donaciones para el fomento del valenciano y que suban del 20 al 30% las destinadas a donaciones de particulares al patrimonio cultural, científico o deportivo.