Varias entidades catalanas del ámbito de la salud y la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que piden que se paralicen los desahucios por el riesgo que éstos suponen para la salud de las familias vulnerables afectadas. También señalan que la pérdida de la vivienda aumenta las posibilidades de que estas personas se contagien de Covid-19.

“Las personas en situación de vulnerabilidad social tendrán más probabilidad de tener la enfermedad del coronavirus y otras enfermedades crónicas”, ha señalado Carme Borrell, gerente de la ASPB, este jueves en rueda de prensa para explicar el contenido de la carta, que cuenta con el apoyo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. 

“Si no hay una buena vivienda, la salud es casi imposible”, ha afirmado María Concepción López, de la Asociación de Enfermeria Familiar y Comunitaria de Cataluña (AIFICC).

Las entidades, colegios profesionales y sociedades científicas que firman la carta exponen que existen varios estudios que demuestran una relación clara entre los desahucios y la pérdida de salud psicológica, física y social, y que esto sucede desde el mismo momento en que existe la amenaza de perder la vivienda hasta que se produce la ejecución.

Hacen hincapié en la afectación que los desahucios tienen sobre la salud de los niños y aseguran que, en los últimos años, en un 60% de los desalojos había menores implicados. Afirman que, para los más pequeños, vivir un proceso de estas características les afecta principalmente en su estado de ánimo, su autoestima y su rendimiento escolar.

Riesgo de contagio por coronavirus

Respecto al aumento del riesgo de las familias desahuciadas de contraer la Covid-19, las entidades exponen que “las personas que viven un desahucio, a menudo tienen que trasladarse a casa de familiares o amigos, aumentando las condiciones de hacinamiento que facilitan la transmisión del virus o, en el peor de los casos, vivir en la calle expuestos a las inclemencias climáticas y a la falta de condiciones para una higiene adecuada, entre otras”.

Por este motivo, remarcan que disponer de una vivienda digna no sólo es clave por su importancia en la salud, sino también por su rol en el adecuado control de la pandemia. En este sentido, la decana del Colegio Oficial del Trabajo Social de Cataluña, Conchita Peña, ha puntualizado que “si hay una pandemia que se controla con el aislamiento social y el confinamiento, si no tienes donde aislarte o confinarte, te contagiarás más fácilmente. En Barcelona, los barrios más desfavorecidos o con población más vulnerable presentan un índice de contagios más elevado".

Colau pide ampliar la moratoria y cambiar la ley

Ada Colau ha mostrado su apoyo al contenido de la carta y ha señalado que quienes piden que se paralicen los desahucios “ya no son el Ayuntamiento y las entidades sociales, sino las máximas autoridades de salud pública, unas profesiones que hemos valorado tanto durante estos meses de crisis sanitaria”.

La alcaldesa de Barcelona ha pedido a Pedro Sánchez que "tome ya la decisión de ampliar la moratoria de desahucios” y que, a medio plazo, se modifique la ley para diferenciar los casos de vulnerabilidad de los delincuenciales. “Estas situaciones traumáticas no deberían ocurrir jamás, pero aún menos en mitad de una crisis sanitaria. La ciudadanía pide un poco de humanidad en el sistema y que se pongan por delante los derechos de las personas de los de los bancos y los fondos de inversión”, ha dicho.

La moratoria aprobada por el Gobierno se ha ampliado hasta el 31 de enero de 2021, pero las entidades señalan en la carta que no es suficiente ya que "muchos de los desahucios son previos a la pandemia y no son de alquiler, por lo cual los hogares afectados se encuentran sin ninguna protección". Y añaden que "no podemos permitirnos esta brutalidad, sufrimiento y vulneración de derechos".

La carta está firmada por el Grupo de Vivienda y Salud de la ASPB, el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona (COIB), el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC), el Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña (TSCAT), la Sociedad Catalana de Pediatría, la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFIC), la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria (AIFICC), el Foro Catalán de Atención Primaria (FoCAP), la Fundación Ámbito Prevención, Marea Blanca Cataluña, Dempeus (en pie) para la Salud Pública, Asociación Colectivo Sísifo, Rebelión Atención Primaria y La Capçalera (cabecera) Barcelona. De momento, son 14, pero mantienen la carta abierta con la intención de que se sumen otras organizaciones.