La socialista Gloria Alarcón ha explicado que existe un plan estratégico que elaboró la Comunidad en el año 2012 junto a los sindicatos y la CROEM para impulsar la economía y el empleo y luchar contra la economía sumergida, pero que éste "no se está llevando a cabo".

Estiman que en la Región se manejan cerca de 8.000 millones de euros en economía sumergida . "Esto es injusto en una sociedad para los empresarios y ciudadanos que tienen menos ingresos, es una situación que está al margen de la ley", ha dicho Alarcón. Del mismo modo también ha señalado que habría que combatir el fraude fiscal, que ha cifrado en unos 1.000 millones de euros en la Región. "El consejero presentó un plan estratégico con medidas, pero hay un plan de control que tiene que hacer la Comunidad todos los años, pero ni se rinde cuentas ni se evalúa", ha advertido la socialista.

Por parte de Podemos, Rafael Esteban, ha expuesto que un 25% de la economía de su PIB es economía sumergida, estimando que eso supone más de 8.000 millones de euros, lo que "perjudica a la igualdad de los ciudadanos". A su juicio, habría que diferenciar el fraude "de subsistencia" del que se produce en paraísos fiscales.

Desde Ciudadanos, Valle Miguélez, ha manifestado que la moción "es una manera de que la gente se conciencie que con tributos ayudamos a nuestros autónomos, a nuestros empresarios".

La diputada del PP Miriam Guardiola también se ha mostrado a favor de la iniciativa porque el Gobierno regional "ya está trabajando en ese sentido".

VOX se ha abstenido en la votación de esta moción porque, como ha explicado su diputado Francisco Carrera, "no es el momento de hacer estrategias de persecución de los pequeños empresarios y autónomos", y ha añadido que actualmente hay recursos "suficientes para que se haga una búsqueda verdadera de las personas que hacen economía sumergida y no de los pequeños empresarios".

Por otro lado, en la Comisión también ha salido adelante una moción del PP que pedía al Gobierno nacional que incluyera en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 partidas necesarias para culminar infraestructuras de justicia pendientes en la Región. La diputada del PP Miriam Guardiola ha pedido que se contemplen partidas para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Cartagena, la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Lorca, la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Molina de Segura, la Ubicación en las ciudades de Cartagena y de Murcia de sendos nuevos Juzgados de lo Mercantil.

En ese sentido, desde Podemos le han contestado que esas obras ya están presupuestadas en los Presupuestos Generales, aunque en casos como en el de la Ciudad de la Justicia de Cartagena "no se puede solicitar antes porque el Ayuntamiento no ha cedido los terrenos". También han dicho a los 'populares' que si quieren ejecutar las obras en 2021 que pidan las competencias en Justicia y las ejecuten.