En una sentencia emitida el pasado 27 de octubre y recogida por Europa Press, dicha instancia judicial señala que los hechos en cuestión se remontan al periodo comprendido entre mayo de 2007 y mayo de 2009 y giran en torno a contrataciones de personal laboral acometidas por la entonces alcaldesa socialista de Villanueva del Río y Minas, supuestamente "sin respetar el cauce o procedimiento exigible para todas las contrataciones efectuadas por la Administración Pública", extremo denunciado por el grupo de concejales de Unión Minera y posteriormente por la Fiscalía.

A tal efecto, las diligencias incoadas contra María José Cervantes aludían a un presunto delito de prevaricación a cuenta de tales contrataciones, pesando el hecho de que en 2016, María José Cervantes fue condenada a cinco años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación por una licencia de obra para una actuación en suelo no urbanizable que contaba con un informe contrario del arquitecto municipal.

ALEGACIONES EN LA FASE DE CUESTIONES PREVIAS

Tras la instrucción de la causa y la comparecencia como imputada de María José Cervantes en septiembre de 2012, fue fijada fecha de juicio para el pasado 15 de octubre. Empero, durante la fase de cuestiones previas de la sesión, la defensa de la exalcaldesa "invocó la prescripción del delito al haber transcurrido más de tres años desde el último hecho (en mayo de 2009) hasta la declaración judicial" de la acusada, en septiembre de 2012.

La Fiscalía, de su lado, "se opuso a la prescripción invocada al entender que la acusada tenía conocimiento de los hechos antes de que se dirigiera contra ella el procedimiento" judicial, siendo celebrada la vista oral en su contra en la citada fecha del 15 de octubre y solicitando el Ministerio Público para ella la suspensión de empleo o cargo público por tiempo de un año y seis meses y una multa de 3.150 euros.

"EXRAORDINARIAS DILACIONES" EN EL CASO

En ese sentido, el Juzgado de lo Penal número 15 señala que más allá de las "extraordinarias dilaciones sufridas a lo largo de la instrucción del procedimiento" judicial, "teniendo en cuenta la fecha de comisión de los hechos, así como los lapsos de tiempo transcurridos, que superan los tres años sin haberse practicado ninguna otra comunicación o notificación de actuaciones procesales relevantes a la encausada, por causas que no se estiman imputables a la misma, se entiende que no puede entrarse a conocer sobre el fondo, debiendo estimarse la cuestión previa planteada por las defensa y, consecuentemente, dictar una sentencia absolutoria para la acusada por prescripción del delito".

Así las cosas, el Juzgado de lo Penal número 15 declara la absolución de María José Cervantes, "por prescripción del delito" de prevaricación del que estaba acusada.