La diputada del PSOE María Dolores Martínez ha asegurado que a través de esta ley se daría una "respuesta a las necesidades reales" de la Región "e iremos en paralelo al desarrollo legislativo dentro del límite competencial Comunidad-Estado y Europa", ha explicado. Con esta proposición de ley, ha dicho, se prestará especial atención a aspectos energéticos y medioambientales. "Las consecuencias del actual cambio climático están siendo desastrosas", ha advertido.

No obstante, durante el debate parlamentario, diputados de PP, Cs y VOX han considerado que la Región debe esperar para legislar sobre el cambio climático. En concreto, el portavoz de VOX, Juan José Liarte, ha advertido que es al Estado al que le "correspondería esta materia. No crean que no apreciamos el esfuerzo del grupo proponente, pero no es el momento ahora".

El 'popular' Juan Antonio Mata también ha matizado que se trata de un documento "poco ambicioso" y que se presenta en un momento "ilógico". Según ha dicho, el PSOE ha presentado "por tercera vez el mismo documento, que está muy lejos del mundo en el que vivimos. Esto demuestra la falta de seriedad en este tema", ha dicho, apuntando que los Servicios Jurídicos han alertado de la posible inconstitucionalidad de la propuesta.

Desde Ciudadanos, Francisco Álvarez ha señalado que esta ley debe ser "transversal" porque tiene "enormes implicaciones económicas". A su juicio, la propuesta del PSOE planteaba una fiscalidad ambiental "irreal, se pretende que la Comunidad grave cuestiones sobre las que no tiene competencias". Además, ha apuntado que se proponen cuestiones que "ya existen como es la estrategia de mitigación del cambio climático".

La propuesta de los socialistas también ha recibido las críticas de Podemos que, aunque al final ha votado a favor de la iniciativa, por la burocracia que plantea la ley contempla la creación de un Consejo Interdepartamental contra el Cambio Climático, una oficina regional, planes municipales y una estrategia autonómica. La portavoz de este grupo parlamentario, María Marín se ha mostrado en desacuerdo en "cómo traducen en política fiscal el principio de quien contamina paga. No compartimos que los costes de la transición ecológica los tenga que asumir el eslabón más débil de la cadena, el pequeño consumidor".