El Tribunal Supremo (TS) rechazó este miércoles el derecho a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que comenzó a impartirse en siete comunidades en el curso 2007-2008 y se extendió al resto de España en el siguiente.
Ahora, tras un largo tiempo en el que muchos llevaban esperando a que se pronunciara el Tribunal Supremo, los alumnos que objetaban a la clase de EpC, tendrán que asistir a ella como a cualquier otra asignatura obligatoria.
¿Qué harán los hasta ahora objetores?
Hasta el momento había centenares de sentencias de los Tribunales Superiores a favor y en contra de la objeción. Se habían presentado, de hecho, más de 50.000 objeciones.
- En casos como Cataluña y Asturias, donde los TSJ negaron el derecho a objetar de los padres, sus hijos tuvieron que volver a las aulas ya en ese momento.
- En otros en los que sí se reconoció el derecho a objetar a los padres, -en Andalucía surgió el primer caso-, los niños tendrán que reintegrarse ahora, tras la decisión del Supremo, que ha creado jurisprudencia.
- Lo mismo sucede en algunas comunidades gobernadas por el PP, como Valencia y Madrid, que también apoyaban la objeción. Tras el fallo, los Gobiernos autonómicos no podrán incumplir la ley.
En este sentido se ha pronunciado la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, quien ha recordado que "el fallo deja claro que ningún gobierno puede incumplir las leyes" y que "no eran ciertas las descalificaciones y manipulaciones" que se han hecho sobre la asignatura.
Cabrera: "Hay que recuperar el tiempo perdido"
A los padres objetores se refirió para pedirles que lleven a sus hijos a clase y, así, ponerse al día. "Aquellos niños que por decisión de los padres no hayan asistido van a encontrar la vía para asistir, recuperar el tiempo perdido y poder aprobar la asignatura", indicó.
Para la ministra este fallo "unifica doctrina" y "debe resultar evidente para todos que no cabe la objeción de conciencia". Por ello, pidió a todos los gobiernos autonómicos, y especialmente a los que han avalado la postura de los padres opositores a la materia --Comunidad de Madrid o Comunidad Valenciana-- que "cumplan la ley".
Los objetores aún tienen esperanza
En los próximos días, el Tribunal Supremo dará a conocer la sentencia. Sin embargo, los ciudadanos contrarios a la asignatura ya han anunciado que presentarán un recurso de amparo ante el Constitucional para la suspensión cautelar de la obligatoriedad a cursar Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos. Acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo también se está barajando como opción. Pero, hasta que eso suceda, los niños deben asistir a las clases porque, según el Supremo, al menos por ahora, EpC es una asignatura como cualquier otra.
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