Plan de Moncloa contra las 'fake news': segundo tropiezo de Sánchez en un mes con las reglas del juego democrático

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al Homenaje a Manuel Azaña en conmemoración del 80º aniversario de su muerte celebrado en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 3 de noviembre de 2020.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al Homenaje a Manuel Azaña en conmemoración del 80º aniversario de su muerte en el Congreso de los Diputados.
Dani Duch/La Vanguardia

En menos de un mes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tropezado dos veces con las reglas que sostienen la democracia. Cuando todavía humea la polémica por la proposición de ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con una mayoría más laxa de la necesaria en la actualidad, el Gobierno volvió a declarar un incendio esta semana, con un plan para luchar contra la desinformación que abre la puerta a controlar lo que publican los medios. Si en la reforma del Poder Judicial, Sánchez contaba con sus socios de investidura y no con el PP, ahora sería Moncloa quien se arrogaría el poder de determinar cuándo se produce una campaña de desinformación.

Se trata de uno de los términos de la propuesta de Presidencia del Gobierno para para elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, la cuarta que se elabora y que pone especial énfasis en el caldo de cultivo que la pandemia ha supuesto para la desinformación. Junto a ella, aprobó un procedimiento para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios". Todavía tiene que aprobarse en el Comité de Seguridad Nacional y después por el Consejo de Ministros mediante un real decrete. El Gobierno busca el "máximo consenso" pero de momento lo que ha recabado han sido críticas porque la actuación contra las 'fakes news' quede en manos del Gobierno y no de organismos o entidades independientes.

"Puede convertirse en censura", advirtió la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) tras conocer el plan, mientras que el PP anunció que pedirá una rectificación en el Congreso y, si no, recurrirá a "Europa" contra lo que Pablo Casado llamó un "orwelliano Ministerio de la Verdad". Son solo dos de las críticas a un proyecto que, también por segunda vez en un mes, está evaluando Bruselas.

Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional trataron este viernes de manera difusa de reconducir la polémica generada por unos planes según los cuales el director de gabinete del presidente, Iván Redondo, y del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, identificarán y combatirán campañas de desinformación, bajo el paraguas de Seguridad Nacional, que también depende de Redondo.

En el plan inicial, el Gobierno indicaba que "se podrá solicitar la colaboración del sector privado", es decir, medios, organizaciones o fundaciones expertos en la materia para actuar contra las llamadas 'fake news' -noticias falsas'-.  Sin embargo, su papel solo será consultivo. Los departamentos y ministerios del Gobierno competentes en la lucha contra la desinformación "podrán solicitar la colaboración de aquellas organizaciones o personas cuya contribución se considere oportuna y relevante".

Argumento falso

Este viernes, el Gobierno intentó echar el freno a las críticas asegurando ahora que se buscan fórmulas de colaboración público-privadas y para demostrarlo empleó un argumento tan 'fake' como las 'fake news' que quiere combatir. Fuentes de Seguridad Nacional aseguraron que el Gobierno había "negociado" con entidades reconocidas en la lucha contra las 'fakes news', como Maldita.es o Newtral, un extremo que fue desmentido en el momento. 

El Gobierno insiste en que con este plan da respuesta a la petición de la UE para que los Estados miembros desarrollen estrategias contra la desinformación y que el Gobierno del PP anunció ya en 2018 un Plan de Acción contra la Desinformación que nunca tuvo un eco como ahora, cuando es el gabinete del presidente quien quiere controlar el proceso.

Una vez suscitada la polémica, fuentes del Gobierno puntualizaron que el plan "en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones". Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar contra un plan que deja en manos de Moncloa una tarea, la de identificar qué es una noticia falsa o una campaña de desinformación que podría cruzar la línea de la tentación de evitar informaciones críticas con el Gobierno. 

De la Prensa a los jueces

De momento, la Comisión Europea está evaluando el plan español contra la desinformación, que es el segundo proyecto del Gobierno que ha llegado a Bruselas en un solo mes entre denuncias de socavar las reglas del juego democrático. Si en este caso se trata de la prensa, la atención de la Comisión Europea se centró hace semanas en la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de elección del CGPJ.

Curiosamente, se trataba de otro plan ideado en el entorno de Sánchez, en este caso para pasar por encima de la negativa del PP a negociar la renovación de este órgano mediante un cambio de mayorías -de tres quintos a una mayoría absoluta- que anularía el papel de los populares y permitiría al Gobierno renovar el CGPJ con los apoyos que ya tuvo para la investidura de Sánchez.

Fuentes comunitarias admitían que, tras los casos de Polonia y Hungría, las reformas en materia judicial son algo especialmente sensibles y, saltándose sus propias costumbres, Bruselas dio un toque preventivo al Gobierno para que cualquier modificación de la ley contara con las partes afectadas y no mermara la imagen de independencia que el Poder Judicial debe tener a ojos de los ciudadanos.

De momento, la Comisión no tiene más elementos para decidir sobre esta reforma debido a que está paralizada en las Cortes. Es lo que hace unas semanas Sánchez ofreció a Casado para retomar la negociación entre el Gobierno y el PP, que de momento no termina de reanudarse. El Gobierno espera no tener que volver a poner en marcha la reforma legal, porque así además se evita un eventual tirón de orejas por parte de Bruselas, pero de momento  Sánchez se niega a retirarla definitivamente, tal y como exigen los populares.

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