Los matrimonios ganan por goleada a las parejas de hecho en Galicia. Por cada inscripción en el registro de la Xunta hay una media de ocho bodas en la comunidad. Así, las 1.530 uniones que se tramitaron en el primer año de vida del servicio del Gobierno autonómico se quedan muy cortas frente a los 12.000 enlaces que se registran anualmente en la comunidad, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

El registro autonómico inició su andadura con 182 inscripciones en el primer mes (enero de 2008), pero su carga de trabajo se ha estancado en una media de 127 entradas mensuales. Y la mayoría de ellas se firman en A Coruña y Pontevedra, las dos provincias gallegas donde más ha calado el nuevo servicio, ya que en ambas se han firmado el 83% de las uniones.

Con todo, la Consellería de Presidencia -de quien depende el registro- considera un éxito el balance de este primer año del registro de parejas de hecho y subraya que la buena acogida se debe a la equiparación de derechos con los matrimonios consolidados en el juzgado.

Los mismos derechos

Los gallegos inscritos en el registro autonómico, al igual que los matrimonios, pueden cobrar una pensión de viudedad en caso de fallecimiento de la pareja, así como heredar los bienes comunes.

Para poder convertirse en una pareja de hecho tan sólo hace falta una visita a las delegaciones provinciales de la Consellería de Presidencia (de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00 horas y de 9.00 a 14.00 horas los sábados) y cuatro documentos: el DNI, el certificado de empadronamiento, un informe del estado civil y el libro de familia de ambos.

Los interesados también pueden tramitar las solicitudes en oficinas de Correos, el registro de cualquier Administración y en consulados.

Más garantías que el municipal

A pesar de que es otra vía para constituirse como pareja de hecho, los registros municipales no ofrecen la misma cobertura legal que el registro de la Xunta. Es más, los ayuntamientos apenas ofrecen garantías legales a estas uniones, que deben pasar después por el autonómico para convertirse en beneficiarias de los mismos derechos que un matrimonio. Si no lo hacen, su unión sólo es válida ante la Administración local.

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