La ley de actividades de ocio en espacios abiertos, conocida popularmente como ley antibotellón, ha disparado las denuncias por abusos policiales en Sevilla en los últimos años.

Mientras que en 2005 se puso en conocimiento de las autoridades judiciales un único caso (la ley entró en vigor el 27 de noviembre de 2006), en 2007 la cifra ascendió a seis y el año pasado se multiplicó por dos, alcanzando la cifra de 13 denuncias.

La denuncia parte de la Sociedad Andaluza de Juristas Grupo 17 de Marzo, que culpa a la ley antibotellón porque «a diferencia de lo que ocurre en el resto de las comunidades autónomas, Andalucía es la única que además de prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, aquí ni siquiera se especifica que tengo que tener alcohol, con lo que pueden denunciarte por ingerir unos refrescos, también prohibe cualquier otra actividad que perturbe la pacífica convivencia ciudadana».

Un enunciado que estos juristas aseguran que lleva a que «sea el policía local el que decida qué perturba y qué no la convivencia ciudadana. Por eso se dan casos como el de un grupo de personas que fueron acusadas de charlar en el silencio de la noche, tal y como recoge el propio boletín de denuncia».

Representantes del Grupo 17 de Marzo han mantenido una reunión con las delegadas provinciales de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía. Una cita en la que reivindicaron la necesidad de que se apliquen a los agentes de la Policía Local de Sevilla y de la Policía Autonómica dos Instrucciones que ya cumplen los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Se trata de la obligación para los agentes de llevar en lugar visible en su uniforme una identificación y seguir un protocolo de actuación en el momento de identificar o detener a cualquier ciudadano. Según los datos de esta asociación, el cuerpo policial más denunciado es la Policía Local.

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