Una información procedente de "inteligencia financiera" ha provocado que la Fiscalía haya abierto una nueva línea de investigación contra el rey emérito Juan Carlos I. Así lo han revelado este viernes la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que han anunciado que las pesquisas las investigará la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Este órgano es el que también se ha encargado de las otras dos líneas de investigación que hasta ahora se habían iniciado sobre supuestas actividades ilícitas del emérito.

Comisiones en el AVE a La Meca

La primera causa la asumió en junio de este año, dos meses antes de que Juan Carlos I se trasladase a Emiratos Árabes. La investigación cuestionaba el papel del monarca en la construcción de la línea de ferrocarril que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí. Es decir, el llamado "AVE a La Meca".  

En esta causa Anticorrupción buscaba aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen, examiga del rey, se habría llevado, entre otros, el monarca emérito al conseguir que adjudicaran las obras a empresas españolas en 2011, aún siendo rey. 

No obstante, Delgado y Luzón han aclarado también este viernes que no han encontrado indicios de delito fiscal alguno ni, tampoco, de blanqueo de capitales. La causa, por tanto, volverá a Anticorrupción para que se siga investigando a personas no aforadas.

Tarjetas con fondos opacos

La segunda línea de investigación se dio a conocer esta semana y señala el presunto uso, por parte del emérito, de tarjetas opacas, cuyos fondos proceden del extranjero y que se utilizaron desde una cuenta en la que no aparece como titular. Los hechos, además, se habrían producido entre 2016 y 2018, es decir, después de la abdicación del primero y cuando ya no era inviolable.

Todo parte a raíz de una denuncia de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales por movimientos sospechosos de una cuenta a nombre de un militar, el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, que actuaría como presunto testaferro, ya que los gastos ejecutados por Juan Carlos I procederían de un empresario mexicano amigo suyo, Allen de Jesús Sanginés-Krause.

"Inteligencia financiera" ¿y blanqueo de capitales?

La tercera y última causa abierta es la comunicada hoy. Sin embargo, apenas han trascendido detalles sobre la misma. Tanto Delgado como Luzón han sido escuetos en sus explicaciones. Poco han contado más allá de que se produce después de recibir una información de "inteligencia financiera" que podría traducirse en un presunto blanqueo de capitales. Eso sí, la causa está en una fase "embrionaria": aunque se van a comenzar inmediatamente, las diligencias aún no están incoadas.