El acusado ejerció el cargo de alcalde-presidente del Ayuntamiento de Ribera de Arriba desde el 30 de junio de 1987 hasta el 15 de junio de 2019.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado efectuó sucesivos contratos menores, que se extendieron a lo largo de los años 2008 a 2011, en los que la adjudicataria fue, en todos ellos, una mercantil y ello pese a los reparos emitidos por la Intervención, en los que se le informó de que estaba adjudicando directamente a través de contratos menores cuando, por la cuantía de los mismos, se exigía procedimiento de contratación.

El acusado actuó, según Fiscalía, con pleno conocimiento de que con ello vulneraba los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia. Habla Fiscalía de varias facturas referidas a trabajos de desbroce de carreteras y caminos. El informe de la Intervención Municipal puso de manifiesto que estaba adjudicando directamente a través de contratos menores cuando, por su cuantía, que excedía de 18.000 euros, se exigía procedimiento de contratación de acuerdo con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), vigente en ese momento.

La Fiscalía considera que los hechos relatados constituyen un delito continuado de prevaricación y solicita que se condene al acusado a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 9 años, lo que implica la pérdida de su condición de alcalde o concejal, así como la imposibilidad de concurrir a ningún tipo de elección o ser nombrado para puesto representativo o ejecutivo o gestor por una autoridad pública por dicho período, si bien no implicará la pérdida de su condición de funcionario, si la tuviera.