Se aleja la imputación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ya que la Fiscalía considera que Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional que pidió investigar al líder de Podemos, no ha realizado las diligencias suficientes en el Caso Dina, en el que se investiga el robo del móvil a la exasesora Dina Bousselham.

Según confirman fuentes judiciales a 20Minutos, los ocho fiscales ultiman su informe que probablemente entregarán hoy en el que se inclinan porque el Tribunal Supremo devuelva la causa a la Audiencia Nacional para que se practiquen nuevas diligencias. No obstante, será la Sala de lo Penal del Alto Tribunal quien decida.

El juez del caso Villarejo rechaza investigar relación entre Fiscalía y Podemos

Fue el pasado 7 de octubre cuando García Castellón dio por cerrado el caso y elevó una petición de investigación al Supremo, ya que la condición de aforado de Iglesias, que es diputado, impide que sea llamado a declarar en otro juzgado. El magistrado acusó al vicepresidente segundo de cometer hasta tres delitos: daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa. Iglesias siempre se ha mostrado seguro de que no le iban a investigar.

La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia rechazó ya entonces que hubiera motivos para investigar a Iglesias y ahora el Ministerio Público del Supremo explica que García Castellón no ha realizado las diligencias suficientes. Los fiscales optan así por devolverle el procedimiento a Castellón al entender que se precipitó al enviar el caso al Supremo ya que la investigación no se cerró. Por ello, ven necesario esclarecer ciertos asuntos antes de fijar una posición.

Pese a esta falta de investigación, el juez se mostraba convencido en octubre de que Iglesias “usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral”. Asimismo, el magistrado también afirmó que pese a no poder determinar cuándo le devolvió Iglesias a Dina la tarjeta, fue “en todo caso, antes del 23 de agosto de 2017” y que “la tarjeta estaba inservible entonces para su funcionamiento”. 

En este sentido, pese a que un informe policial solicitado por el propio Castellón atribuyó los daños en la tarjeta del móvil a una empresa especializaba, lo que alejaba las sospechas sobre el vicepresidente, el juez insiste en que pese a que le han “impedido recabar una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte de Iglesias”, puede “sostener que existen elementos de cargo suficientes” para poder atribuir al de Podemos esos daños.