La Asociación de Medios de Información (AMI), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) reaccionaron este jueves a la aprobación por parte del Gobierno de un procedimiento de actuación contra las conocidas como fake news. Mediante este sistema, el Gobierno monitorizará la información y podrá solicitar colaboración a los medios de comunicación para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios". 

El Gobierno aprueba un plan contra las 'fake news': monitorizará la información y podrá pedir colaboración a los medios

La orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, justifica esta decisión en que "uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas es el acceso a la información veraz", según palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo.

En cambio, esta medida ha desatado numerosas críticas desde los propios medios de comunicación. La APM alerta de que esta medida "puede convertirse en censura". 

En un comunicado dejan clara su postura: "El periodismo tiene como una de sus principales obligaciones la búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad y la APM se muestra totalmente de acuerdo con cualquier iniciativa en este sentido", pero no consideran adecuado que el control esté en manos del Ejecutivo.

"Atacaban a la prensa crítica, señalaban periodistas y ahora crean un orwelliano Ministerio de la Verdad"

También desde la oposición. "Sánchez saca una orden para vigilar medios y perseguir lo que su gabinete considere desinformación", escribió Pablo Casado en las redes sociales, y fue más allá: "Atacaban a la prensa crítica, señalaban periodistas y ahora crean un orwelliano Ministerio de la Verdad". 

El PP, de hecho, ha amenazado ya con recurrir el plan: "Pedimos explicaciones en las Cortes y si no rectifican recurriremos a Europa".

Pedir colaboración a medios

El Ejecutivo ha elaborado una estructura compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y, por último, el sector privado y la sociedad civil. 

Con este último, el Gobierno explica que podrá solicitar la colaboración de los medios cuya contribución se considere "oportuna y relevante" para combatir las fake news. 

En la orden se argumenta que el sector de la comunicación puede contribuir a este objetivo "con acciones como la identificación y no contribución a su difusión". Eso sí, los medios de comunicación no estarán representados en la estructura que se ha planteado desde Moncloa. 

Además, en este marco para luchar contra la desinformación quedarán también integrados el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Presidencia del Gobierno y los gabinetes de comunicación de todos los Ministerios.

Se amparan en que esta estrategia "es una respuesta a la petición de la UE de desarrollar y coordinar planes nacionales contra la desinformación" y apuntando que "en ningún caso se vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones".

El Gobierno indica que la UE considera necesaria una actuación más coordinada a nivel comunitario y acorde a los valores democráticos de las sociedades del entorno europeo.

Fuentes del Ejecutivo indican que se trata de un procedimiento que tiene como finalidad evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, y detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses españoles..

Las mismas fuentes aseguran que en ningún caso se vigilará, censurará o limitará el derecho de los medios a ofrecer sus informaciones.

"Pedro Sánchez se arroga la potestad de decidir qué es una noticia falsa o verdadera"

Desde el PP, Pablo Montesinos ha asegurado que con esta orden el Gobierno que lidera Pedro Sánchez "se arroga la potestad de decidir qué es una noticia falsa o verdadera".

Mientras, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, recordó que es el Código Penal el que establece los límites a la libertad de expresión y de prensa. 

Bal avisó también de que ya al inicio de la crisis "Sánchez manifestó su pretensión de que solo hubiera un canal de información oficial sobre la pandemia". 

Vox, por su lado, considera que la medida tiene el objetivo de "controlar" las opiniones y "censurar".