Todavía no hay certidumbres respecto al debate en torno a la concesión a las administraciones educativas del derecho de decidir la lengua con la que ejercer la enseñanza. Es decir, que el castellano deje de ser la lengua con la que exclusivamente se impartan las clases y que cada territorio pueda decidir cómo hacerlo. Según ha aseverado este martes la ministra portavoz, María Jesús Montero, todavía no se ha llegado a ningún consenso, pues las negociaciones continúan. 

"Hay que dialogar con el conjunto de fuerzas políticas para intentar consensuar un texto lo más amplio posible y que reconozca la libertad y la diversidad de nuestro país", ha afirmado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que el objetivo principal es conceder "la capacidad de que cada uno se pueda expresar en las condiciones que le marca su propio territorio".

De esta forma, la ministra ha recordado que todavía "hay que esperar a los debates que se están produciendo en la propia comisión", con el objetivo de llegar a un consenso "lo más amplio posible", que garantice la "perdurabilidad en la ley en los próximos años".

Así ha contestado Montero al ser preguntada sobre el debate de una enmienda a la reforma educativa -lla Lomloe o ley Celaaá- que están manteniendo los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y ERC, con el objetivo de que el castellano deje de fijarse en la educación como lengua vehicular en toda España.

La iniciativa será votada este jueves dentro del grupo de trabajo o Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso, que este martes ha mantenido una reunión y que desde hace unos días examinan las más de 1.160 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

Enmienda sobre el castellano

La enmienda sobre el castellano, adelantada por El País, cambiaría lo que se dice en el proyecto de la Lomloe: "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable".

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha puesto un tuit -"más allá del ruido hay política"- en relación al debate sobre esta enmienda.

Fuentes de esa formación han comentado a Efe que "el objetivo" de su enmienda "es blindar el catalán como lengua vehicular".

Por su lado, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha dicho este martes que no conoce la citada enmienda pero que "habrá que estudiarla". "Nosotros a diferencia de los partidos de la derecha no estamos en contra de la inmersión, porque pensamos que beneficia a las filas trabajadoras", ha argumentado.

PSOE: garantiza competencias "por igual" en ambas lenguas

Por su parte, el Gobierno asegura que con esta enmienda va a garantizar que los alumnos de comunidades autónomas con lengua cooficial adquieran competencias "por igual" tanto del castellano como del idioma correspondiente. Así lo ha asegurado a Efe la portavoz de Educación socialista en el Congreso, Luz Martínez Seijo.

"La lengua vehicular no es un término que aparezca en la Constitución", ha recalcado la portavoz socialista, que ha remarcado que van a ser tan "garantistas" que en el punto uno de la enmienda se vuelve al marco Constitucional y a la los estatutos de autonomía, es decir, a los derechos recogidos en la Carta Magna.

"No hay que dar más vueltas al tema porque se trata de arreglar un problema y de que evidentemente las lenguas no generen un conflicto identitario que no tiene por qué existir", ha mantenido Martínez Seijo. Además, en el "caso hipotético" de que se detectase que alguno de los dos idiomas está desequilibrado en la gestión de competencias, se establecerán "medidas compensatorias".

La Lomce o ley Wert

En la actual ley educativa, la Lomce o ley Wert, se establece que "el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable".

Y obligaba a que "la Administración educativa deberá garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable". Corresponde, según la Lomce, a la Alta Inspección del Estado "velar por el cumplimiento de las normas sobre utilización de lengua vehicular en las enseñanzas básicas".

Y aunque luego fue anulada por el Tribunal Constitucional, la conocida también como ley Wert establecía una disposición adicional 38 por la que las comunidades pagarían el centro concertado o privado a aquellas familias que no pudieran escolarizar sus hijos en un colegio público con el castellano como lengua vehicular.