"Pese a ser una reivindicación reiterada en varias ocasiones, la Consejería de la cual dependen, a instancia del servicio de Prevención del Principado, consideran que no asumen el suficiente riesgo para la realización de esta prueba, argumentando que los menores no están catalogados como grupo de riesgo y obviando tanto los riesgos a los que este personal está expuesto en el desempeño de sus funciones como las casuísticas personales de los trabajadores", afirman desde el comité.

Explican que desde el mes de septiembre, los menores allí alojados, en base al principio de normalidad e inclusión social, acuden diariamente a sus respectivos centros educativos regresando después de su jornada escolar al centro de menores en el que residen.

"Sólo con pensar en un centro residencial ocupado con 20 menores donde cada menor acude a una clase diferente en 6 centros diferentes, se puede uno imaginar el riesgo exponencial al que se está sometido este personal", advierten.

Señalan que ese riesgo sí que ha sido valorado como tal por la Consejería de Educación que previo al inicio del curso escolar decidió realizar PCR a todo el personal docente.

Dicen no entender que un riesgo que han valorado para el personal docente no se valore para el personal educador máxime cuando la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, realiza periódicamente PCR al resto de profesionales de otros recursos residenciales.