No habrá más desahucios en Cataluña mientras siga vigente el estado de alarma por la pandemia de coronavirus y las medidas restrictivas adicionales. Lo hará posible un decreto ley que impulsa el Govern y que deberá avalar el Parlament de Catalunya. En el caso de que los inmuebles pertenezcan a un gran tenedor, los desalojos quedarán suspendidos hasta que este ofrezca un alquiler social, a lo que esta obligado por ley. Lo contempla la ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, después ampliada por la norma 17/2019.

"La vulnerabilidad de las familias se agrava cuando no se les propone un alquiler social y es particularmente grave en el contexto de las actuales restricciones de movilidad", ha indicado este martes la consellera portavoz, Meritxell Budó, tras la reunión semanal del Consell Executiu del Govern en funciones. También interrumpirá los desahucios de personas que hayan ocupado un piso de un gran tenedor entre el mes de julio de 2019 y el inicio del actual estado de alarma (25 de octubre) , siempre que se cumplan los requisitos de vulnerabilidad. Este decreto ley, en cambio, no afectará a inquilinos de pisos propiedad de pequeños tenedores. 

Este decreto ley no afectará a inquilinos de pisos propiedad de pequeños tenedores

Gracias a esta nueva medida legal, los procesos de desahucio quedarán interrumpidos "hasta que el gran tenedor no proponga una alternativa social a las familias". La norma también obliga a las policías locales y a los Mossos d'Esquadra a solicitar un informe previo a los servicios sociales en paralelo a recibir las medidas cautelares sobre un desalojo. En su papel de policía judicial, los Mossos podrán solicitar medidas cautelares relativas a desocupaciones de viviendas solicitando un informe urgente a los servicios sociales y comunicando la solicitud al ministerio fiscal antes de llevar a cabo el desahucio.

"Creemos que se ha de actuar de urgencia y con las herramientas que tenemos como Govern, en un momento en el que estamos pidiendo a los ciudadanos que se queden en casa mientras se ejecutan desahucios", ha dicho la consellera. "Nos dotamos de una herramienta que nos permite ejercer las competencias y nuestra responsabilidad social y sanitaria", ha insistido.

"Creemos que se ha de actuar de urgencia y con las herramientas que tenemos como Govern, en un momento en el que estamos pidiendo a los ciudadanos que se queden en casa mientras se ejecutan desahucios" (Meritxell Budó, consellera portavoz)

Polémico desalojo en Ciutat Meridiana

Se quieren evitar por parte de la Generalitat situaciones límite vividas por familias como la que fue expulsada el pasado jueves por la noche del piso en el que vivían desde hacía dos años en Ciutat Meridiana, propiedad del BBVA, en medio de un gran dispositivo policial. Tienen tres hijos, uno de ellos de tan solo tres meses. El banco aseguró desconocer que se trataba de una familia vulnerable. Era el cuarto intento de desalojo tras no poderse ejecutar el tercero, previsto en marzo pasado, por el estado de alarma. 

Eduard Sallent, comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, confirmó que los Mossos ejecutaron el desahucio por la tarde sin orden judicial: "El desahucio con orden se produjo por la mañana y por la tarde estas personas volvieron a ocupar la vivienda, por lo tanto estábamos ante un delito flagrante y por eso actuamos, para restituir la propiedad".

La PAH pide un nuevo decreto contra los desahucios

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) denuncia que en España sigue habiendo "muchísimos desahucios" (más de 11.900 en lo que llevamos de 2020 en cálculos del Consejo General del Poder Judicial). Exige al Gobierno que apruebe un nuevo decreto contra los desahucios porque "el actual solo cubre los alquileres de grandes propietarios y a los afectados por el Covid". Apoyan esta demanda los comuns, ERC y la CUP.  Este miércoles hay previstos en Barcelona 15 desalojos de personas vulnerables, 29 adultos y 15 niños, según le consta al consistorio de Ada Colau.

Este miércoles hay previstos en Barcelona 15 desalojos de personas vulnerables, con 29 adultos y 15 niños afectados

"El Gobierno puede destinar más recursos a planes de rescate"

Budó ha reprochado al Ejecutivo central que tiene atribuciones "para suspender la ejecución de los desahucios durante los seis meses previstos de duración del estado de alarma" y que también puede "transferir las competencias" al Govern.

"El Gobierno ha de destinar y puede destinar más recursos económicos a planes de rescate a diversos sectores ya que tiene mecanismos legales en materia de moratorias fiscales en el pago de impuestos", ha añadido, para instar a que el Estado "baje o suspenda la cuota de autónomos a los emprendedores afectados por la Covid". 

20 millones de euros en ayudas directas a los autónomos

"Nosotros hemos anunciado que destinaremos más de 300 millones de euros, y muchos estados europeos están tomando medidas similares", ha insistido, antes de anunciar que se abre una línea de ayudas dirigidas específicamente a los autónomos más perjudicados por la crisis económica y sanitaria. Se darán 2.000 euros a cada empleado por cuenta propia en un único pago hasta cubrir la partida de 20 millones de euros.

Para poder acceder a esta ayuda, el trabajador tendrá que tener una base imponible igual o inferior a los 35.000 euros en la última declaración de la renta y unos rendimientos netos durante los tres primeros trimestres de este año no superior a los 13.125 euros. La Unió de Treballadors Autònoms(CTAC) ha valorado la medida como totalmente insuficiente, al ayudar solo «al 2% de los 547.000 autónomos catalanes". Los sindicatos UGT y CCOO insiste en que la norma se queda corta para un colectivo que ha perdido "del orden del 50% de su facturación" desde el inicio de la crisis sanitaria. 

"Las duras medidas decretadas están dando resultado y son útiles. Lo vemos en las cifras. El sacrificio de la ciudadanía está sirviendo para contener la expansión del virus", ha subrayado Budó. Y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "vaya más allá de las medidas adoptadas hasta ahora y que tomen como ejemplo las adoptadas por la Generalitat catalana". 

1.211 personas desalojadas en Barcelona en septiembre y octubre

El Ayuntamiento de Barcelona dio a conocer el pasado lunes un informe de la unidad antidesahucios en el que se detalla que, entre el pasado 14 de septiembre (la fecha en la que los juzgados retomaron la actividad tras la primera ola de Covid) y el 23 de octubre, se realizaron 443 desalojos que afectaron a 1.211 personas (748 adultos y 463 menores). La alcaldesa, Ada Colau, pidió al Gobierno de Pedro Sánchez ampliar las moratorias para impedir una mayor oleada de desalojos.

El 80% de las familias en proceso de perder la vivienda se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, y cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda pública, indica el informe de la unidad antidesahucios, que también denuncia que las actuaciones de los Mossos d'Esquadra son cada vez más "numerosas y contundentes".

Entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre hubo 443 desalojos en Barcelona que afectaron a 1.211 personas 
(748 adultos y 463 menores)

“La desproporcionada presencia policial, los intentos de desahucio durante la madrugada o ya entrada la noche durante esta segunda ola de la pandemia, no solo vulneran los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sino que comprometen la salud de las familias afectadas y también de las profesionales que las atienden”, remarcan las conclusiones del documento.

Los barrios que más desahucios han soportado durante la pandemia son el Raval, el Carmel y la Antigua Izquierda del Eixample y se han registrado “desahucios a familias con al menos un miembro contagiado por la covid-19 o menores en situación de aislamiento”.

El 38,12% de los desalojos fueron de familias que ocupaban viviendas propiedad de entidades bancarias, seguidos por familias en régimen de alquiler, el 33,41%, y de familias (14,5%) a las que se ha instado el desalojo sin abrir una mediación para obtener un piso social.

Más del 50% de las 443 órdenes de desahucio las impulsaron grandes tenedores, empresas, bancos y personas físicas con más de 15 viviendas a su nombre. El 36% fueron de pequeños propietarios.

Deducción del IRPF para afectados por ERTE y desempleados

El Govern también ha aprobado este martes una deducción del IRPF para las rentas más bajas, que no "penalice" a los afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que cobren menos de 22.000 euros brutos anuales o a los ciudadanos que se hayan quedado en el paro por la crisis del coronavirus. Se podrán beneficiar de la medida unos 250.000 catalanes y la Generalitat asumirá unas pérdidas derivadas de 16,3 millones de euros. 

Forma parte de una partida global de 102,6 millones de euros, con 35 millones para una subida de tarifas para los sectores de las personas mayores, de la discapacidad y la infancia y 40,5 millones de euros para dar respuesta a las solicitudes de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).