Así, ante las medidas cautelares de suspensión del PGOU de Torremolinos, Intu Costa del Sol ha señalado que "hay tanto argumentos formales, o procesales, como de contenido para oponernos por las vías legales a nuestro alcance a lo resuelto por Sala Social de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".

También, a través de un comunicado, han incidido en que consideran que el auto que recurren "no se atiene a lo regulado en el artículo 1239.2 de la Ley procesal, basándonos en la interpretación de este artículo por el Tribunal Supremo y también en lo expuesto por otra sección de la Sala antes citada".

"Si la Sala entiende que puede existir una posible nulidad de la tramitación ambiental, al acordar la suspensión se estaría infringiendo el artículo 140 de la ley procesal y lo que la jurisprudencia entiende que debe ser esa apariencia de 'buen derecho' que debe tener la petición de suspensión", han indicado.

Por otro lado, indican que no comparten cómo la sala "acepta, casi sin más, las aseveraciones de las entidades recurrentes, pudiendo haber ido más lejos, y fundamentándonos también en los criterios del Tribunal Supremo en relación con la relevancia de los intereses en juego".

También han solicitado que, en caso de que no se rectifique el auto de referencia, "se le imponga una fianza o caución a los recurrentes, habida cuenta de los perjuicios de toda clase que pudieran ocasionarse al proyecto, por lo cual nos reservamos las reclamaciones por quebranto económico y las responsabilidades de otro tipo que se derivan de una decisión difícil de explicar".

De igual modo, Intu Costa del Sol ha asegurado que está interesada en la continuidad del proyecto que hace casi ocho años inició en Torremolinos "y que puede representar una iniciativa de ocio única en España y contribuir así decisivamente al desarrollo económico y la creación de empleo en esta importante área litoral que es la Costa de Sol".