La portavoz del PP en la Diputación, María Eugenia Moreno, ha sido la encargada de defender esta moción en la que los populares insisten en que "la ocupación ilegal de viviendas ha crecido un 58% en los últimos cinco años en España, pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018". Además, ha mencionado el dato de unas "87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España", precisando que en la provincia de Sevilla se contabilizan desde 2018 "un total de 2.102 ocupaciones ilegales".

Así, el PP avisaba de que se trata de "un problema creciente que ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada y altera gravemente la convivencia vecinal", por lo que reclamaba "reforzar el ordenamiento jurídico para que los okupas no puedan ampararse en ningún vacío legal para ejercer con impunidad la ocupación de viviendas".

Moreno ha defendido la propuesta del PP en el Congreso para una nueva regulación en la materia al objeto de que la autoridad pública o sus agentes puedan desalojar las viviendas usurpadas en un plazo de 12 horas; considerar nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea "un ocupa ilegal"; agilizar el proceso penal para juzgar estos hechos y penas para los autores de los mismos, así como una "inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público" para quienes alienten actuaciones así.

LA PROPUESTA DEL PP EN EL CONGRESO

De tal modo, la moción del PP reclamaba compromiso con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas, de manera compatible con el apoyo a quienes "se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda"; reclamando además al Gobierno central "una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal" y solicitando expresamente "apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal" que promueve el PP.

Durante el debate plenario, el diputado de Vox, Rafael García Ortiz, ha señalado de un lado que esta problemática es fruto de "las leyes laxas, imprecisas e incoherentes" promulgadas en la materia y la "falta de responsabilidad" del actual Gobierno central y de los anteriores. En paralelo, ha recordado la necesidad de "proporcionar viviendas" a las "30.000 personas" que según cálculos que ha invocado carecen de la misma. Igualmente, ha señalado una situación suscitada en Espartinas, localidad donde cuenta con acta de concejal, donde un caso de ocupación tiene "enfrentadas a dos familias necesitadas" y el 1 de noviembre una de ellas puede "quedarse en la calle".

"ENORME LENTITUD" DE LA JUSTICIA

Por Cs, Carmen Santa María ha señalado los "problemas de convivencia" derivados de los casos de ocupación y ha considerado "indispensable modificar el ordenamiento jurídico" con nuevas "medidas de protección" a los propietarios ante la "enorme lentitud" de los procedimientos judiciales. Así, ha apostado por una "reforma legal" que orqueste algún tipo de mecanismo a modo de "juicio rápido", llamando a tener en cuenta las situaciones de familias que no pueden afrontar sus gastos de vivienda.

Por Adelante, María Teresa Pablo ha llamado a distinguir entre los delitos de allanamiento de morada, que cuentan con su propio mecanismo de expulsión de los autores, y el delito de usurpación que tiene correlación con la mayoría de las ocupaciones ilegales, pues "existe un problema" en la materia pero también un interés por "magnificarlo". Ha alertado además de que el dato de 87.000 viviendas ocupadas mencionado del PP deriva del Observatorio de innovación en gran consumo/Instituto Cerdà, participado por bancos como La Caixa o Sabadell, que tienen sus "intereses inmobiliarios", lo que le ha llevado a señalar que "el 80 por ciento" de las usurpaciones de vivienda lo son sobre inmuebles de "bancos o fondos buitre".

EL PAPEL DE LOS BANCOS

En el caso del PSOE, Antonio Conde ha expuesto también que el delito de allanamiento de morada cuenta con mecanismos para la expulsión "casi inmediata" de los autores de los hechos, indicando que el número de allanamientos de morada ha bajado de 315 a 238 entre 2018 y 2019 y explicando que el PSOE defiende la "propiedad individual" pero llamando a huir de los "discursos populistas". Y es que frente a las necesidades de vivienda de la población, las entidades financieras poseen "la mayoría" de los inmuebles libres y "no parecen dispuestas a cederlos" para mejorar la situación.

Después de que el PP no aceptase una enmienda de sustitución del PSOE, la propuesta ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE y Adelante y el voto a favor del PP, CS y Vox.