El juez que investiga el desvío de fondos a Waterloo sospecha que el empresario y exalto cargo de CDC David Madí se ha beneficiado de un "importante tráfico de influencias" con el conseller Damià Calvet (JxCat) y ha contratado al exconseller Joan Puigcercós para "abrirse ayuntamientos" de ERC.

Así lo sostiene el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en el auto en el que acuerda la entrada y registro en las oficinas de David Madí, detenido hoy junto a otros empresarios del entorno de Carles Puigdemont por supuesto desvío de fondos para costear las actividades de Waterloo.

El juez sostiene que, aunque "parece no haber fructificado", del interés de Madí y su socio en el mercado de los vehículos VTC "se desprende un importante tráfico de influencias por parte" del investigado "con altos cargos del Departamento de Territorio como el conseller Damià Calvet, el secretario de Infraestructuras Isidre Gavín, el subdirector de Ordenación del Transporte, Josep María Fortuny, y el nuevo director general de Transportes, David Saldoni".

Concretamente, el juez menciona una reunión que Madí mantuvo en octubre de 2019 con Calvet en el Departamento de Territori y al que asistieron representantes de la empresa Uber, así como altos cargos de la consellería.

También cree el juez que Madí habría "activado sus contactos políticos" para que prosperase la adquisición de Agbar por parte de Global Omnium, de cuya filial, Aguas de Catalunya, es presidente.

"En esta operación, se corrobora una vez más la capacidad de influencia y el acceso a una información que afecta al mercado del agua, al alcance de pocos, por parte de David Madí", considera el magistrado, que reseña una conversación en la que el investigado afirmó que iba a jugar con "las cartas marcadas".

Para el juez, ese tráfico de influencias "es lo que ha motivado que David Madí haya contratado a Joan Puigcercós (exconseller de ERC con el tripartito) y a Cinta Pascual, pues "es consciente de que le abrirán los consistorios gobernados por ERC y las residencias".

Según el auto, Madí ha logrado "contratos con prisiones, dependiente de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima del Departamento de Justicia" y ha intentado acceder a la directora de servicios de la consellería para "saber la forma en que se licitará el contrato definitivo".

El investigado, añade el juez, también ha tratado de influir en el director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), "con el objetivo de que se realice un concurso sobre la detección de COVID en agua", algo que pretende proponer al propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, "accediendo a él a través de José Luís Ábalos, ministro de Transporte".

"David Madí ha intentado obtener rédito económico de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus", afirma asimismo el juez, por lo que el investigado trató de "activar una vez más sus contactos políticos", con cargos del Departamento de Interior, aunque hasta el momento "no se ha podido corroborar si esas intenciones fructificaron".

En libertad dos directores generales de Educación de la Generalitat

La directora general de Centros Concertados y Centros Privados de la Generalitat, Pilar Contreras, y el director general de Centros Públicos, Josep Gonzàlez-Cambray, han sido puestos en libertad tras su detención este miércoles por parte de la Guardia Civil bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona en el que se investigan el presunto desvío de fondos de personalidades ligadas al independentismo catalán.

Según han informado fuentes de la Conselleria de Educación, ambos detenidos han sido puestos en libertad tras declarar voluntariamente y han mostrado su colaboración para aclarar los hechos por los que se les ha interrogado, defendiendo "en todo momento que su actuación como servidores públicos ha sido siempre correcta".

Según informó el Instituto Armado en un comunicado, las detenciones y los 31 registros en Barcelona y Girona practicados este miércoles se enmarcan en la tercera fase de explotación de la Operación Volhov y los 21 arrestados están acusados por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.