De este importe, la participación del Ministerio de Justicia para el desarrollo de lo que se denomina "justicia democrática", incluido el Centro de Estudios Jurídicos, alcanza una dotación de 1.975 millones de euros, que supone un incremento de 136 millones de euros.

Con el fin de asignar los nuevos recursos de forma más eficiente, se prevé una oferta de empleo de hasta 240 plazas para ingreso en las carreras judicial y fiscal, con el objetivo, según el documento, de lograr la "estabilización numérica de la Oferta de Empleo Público (...) reducir la interinidad, y dar curso a la programación de desarrollo de la planta judicial, reduciendo la sobrecarga y los tiempos de espera y dar respuesta a las nuevas necesidades organizativas, procesales y estructurales de la justicia a medio y largo plazo".

Por su parte, la participación del Consejo General del Poder Judicial es de 73 millones de euros, lo que implica un incremento de 8 millones de euros, es decir, el 12 por ciento.

Dentro del importe global dotado para la política de este departamento, se recogen 28 millones como anualidad prevista para 2021 correspondiente a la ejecución de la política del Gobierno en relación con el instrumento temporal de recuperación de la Unión Europea llamado Next Generation EU en su vertiente de Justicia.

Según fuentes ministeriales consultadas por Europa Press, este programa es el que se desarrolla a nivel europeo similar al 'España Puede' que es nuestro plan de "recuperación, transformación y resiliencia" en materia de Justicia.

Por otra parte, desde el punto de vista presupuestario, los medios económicos que se destinan a financiar los "gastos de personal" integrantes de la política de Justicia alcanzan, en el ejercicio 2021, los 1.618 millones de euros.

Este importe supone el 79 por ciento del total del presupuesto y permitirá según las previsiones, la creación de nuevas unidades judiciales, la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal, las nuevas Unidades Forenses de Valoración Integral y plazas en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, comprometidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como la continuación del proceso de puesta en marcha de las nuevas oficinas judicial y fiscal.

En su memoria explicativa, los PGE fijan como objetivo "profundizar en la Justicia democrática" como derecho "propio y genuino de la ciudadanía", y añaden que para ello es necesario articular una Justicia "que responda a las necesidades de la sociedad española del siglo XXI para cumplir el papel que le atribuye nuestra Constitución".

JUSTICIA 2030

En este sentido se ha planificado el desarrollo del Plan Justicia 2030, alineado en una perspectiva plurianual con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, procedentes de Europa, cuyos objetivos son según el documento hecho público "con consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficacia del servicio público y garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio, desarrollándose así el derecho a una justicia de calidad, eficaz y sin dilaciones indebidas".

En este punto, el capítulo relativo a Justicia de los PGE anuncia la elaboración de un anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, y de la promoción de servicios alternativos de resolución de controversias que hagan disminuir la litigiosidad en los tribunales.

En esta misma línea menciona el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorgara al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación.

FORENSES 24 HORAS PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Asimismo, los planes de Justicia para 2020 pasan por fortalecer la atención a las víctimas de delitos violentos, especialmente de las mujeres que sufren violencia machista, poniendo en marcha, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y del Convenio de Estambul, un plan de guardias de 24 horas para los médicos forenses que actúan en el ámbito del Ministerio de Justicia, y una revisión de los protocolos de intervención en casos de violencia sexual.

Los presupuestos pasan igualmente, por un "compromiso decidido con la modernización y la transformación digital de la Justicia para garantizar el acceso a la misma en iguales condiciones en cualquier parte del territorio", un aspecto para el que se prevé recuperar la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Justicia y se presupuestan 149 millones de euros. Además, al programa de Registros vinculados con la Fe Pública se asignan créditos por un importe de 35 millones de euros.

En lo referido a infraestructuras, los presupuestos en Justicia buscan "optimizar los espacios disponibles" para lograr el uso eficiente de los mismos e incorporando todas aquellas medidas que permitan lograr un adecuado ahorro energético. El total de los créditos asignados a equipamiento e infraestructuras alcanza los 47 millones de euros

JUZGADOS NUEVOS Y OBRAS

Así, está previsto licitar los proyectos de los nuevos edificios de juzgados de Lorca (Murcia) y de la nueva sede el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla, redactar los proyectos de los nuevos edificios de los juzgados de Manacor (Baleares), de la nueva sede del Instituto de Medicina Legal de Toledo, de los juzgados de Torrijos (Toledo) y de la rehabilitación de la Audiencia Provincial de Salamanca, e iniciar la licitación de las correspondientes obras.

También se utilizarán los Presupuestos para iniciar las obras del nuevo edificio de los juzgados de Navalmoral de la Mata (Cáceres), Manacor (Baleares), de la nueva sede del Instituto de Medicina Legal de Toledo y de la rehabilitación de las sedes judiciales de Manzanares (Ciudad Real) y Puertollano (Ciudad Real) y de la Audiencia Provincial de Salamanca; y continuar las obras de construcción de nuevas sedes judiciales en Segovia y de rehabilitación de edificio judicial en Salamanca.

Igualmente, se ha reservado dinero para finalizar las obras de construcción de la nueva sede judicial de Badajoz, Vitigudino (Salamanca), y de Casas Ibáñez (Albacete) y de rehabilitación de la sede de los juzgados de Burgo de Osma (Soria), de la sede del antiguo Banco de España en Ceuta para dependencias judiciales y Toledo.