Ambos profesores han llevado a cabo recientemente dos estudios que analizan las consecuencias jurídicas del coronavirus. Las investigaciones, tituladas 'Medidasfiscales en España frente a la crisis de la Covid-19. Respuesta inmediata a los problemas de liquidez y propuestas para garantizar la sostenibilidad en el medio y largo plazo', y 'Fiscalidad Internacional en tiempo de pandemia', se han desarrollado en el seno del Proyecto Feder-UPO Retos actuales de la tributación Indirecta en España y Europa, detalla la UPO en un comunicado.

Se trata de un proyecto financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía y dirigido por el catedrático de la UPO Jesús Ramos Prieto. "A nadie escapa que la crisis económica provocada por la pandemia ha supuesto un shock sin precedentes para la economía mundial, golpeando con especial crudeza a nuestro país porla concurrencia de varios factores -alto nivel de contagios, gran peso del turismo en el PIB, altas tasas de desempleo estructural, entre otros-", han explicado los autores.

Al margen de sugerir algunas medidas que pueden "aliviar la economía" de las familias en el corto plazo, como una reducción en los tipos de retención en el IRPF, los investigadores centran su análisis en argumentar cómo la única alternativa real para alcanzar este equilibrio sostenido es una profunda revisión y actualización del sistema de fiscalidad indirecta. "De hecho, España se sitúa a la cola de la UE en recaudación de los principales impuestos sobre el consumo", han subrayado.

En el primer estudio, Martín aprecia la ocasión histórica para entender y aceptar la actualización de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco. "Es necesario un compromiso real de que los frutos de este incremento reforzarán nuestro maltrecho sistemasanitario". Asimismo, ha subrayado que la medida más urgente es realizar una revisión en profundidad de los tipos de IVA que incremente su capacidad recaudatoria. Nuestro tipo efectivo es el más bajo de toda la UE, apenas un 8,5 por ciento", ha añadido.

El investigador de la UPO ha advertido de que los tipos superreducidos y reducidos del IVA (del 4 y del 10 por ciento respectivamente) se han empleado con una pretendida finalidad redistributiva totalmente ineficiente, extremo que no ha hecho sino confirmar posteriormente la propia Airef.

Según ha explicado los autores, este estudio desmonta de forma detallada los argumentos de la corriente de pensamiento que bloquea cualquier alza de los impuestos indirectos tachándolos de regresivos. Los autores han reconocido que la fiscalidad indirecta genera un ligero efecto regresivo dado que los grupos de menos ingresos dedican más proporción de su renta al consumo pero advierten, sin embargo, que el verdadero peso de corregir las desigualdades de renta en nuestro sistema recae sobre las prestaciones públicas y no sobre la inevitablemente limitada progresividad del sistema tributario.

"Un claro ejemplo es la aprobación del denominado ingreso mínimo vital: la verdadera progresividad es dotar a esta herramienta de una financiación sostenida, estructural y estable que, en estos momentos solo puede garantizarse con la actualización de la fiscalidad indirecta, especialmente del IVA", destaca.

Por su parte, el profesor Macarro pone el énfasis en la necesidad de la coordinacióninternacional de las medidas tributarias adoptadas por los distintos países. El levantamiento temporal de la prohibición de ayudas de Estado en la Unión Europea tiene el objetivo de que los Estados miembros puedan proporcionar ayudas temporales a los sectores económicos más afectados por la pandemia.

El autor ha recomendado que la Comisión Europea module esta prohibición, garantizando su efectiva temporalidad y, sobre todo, que no introduzca mayores distorsiones decompetitividad y de neutralidad fiscal. "Muchas administraciones tributarias, entre ellas la española, están aplicando las reglas de residencia fiscal a las personas que quedaronatrapadas en su país durante el confinamiento, lo que puede provocar graves problemas de doble imposición", ha apuntado.

El hecho de que algunos de los principales impuestos directos construyan la sujeción en función de criterios de permanencia territorial podría generar, por ejemplo, que trabajadores residentes fiscales en otros Estados que hubieran permanecido en España más de 183 días debido al confinamiento tuvieran que pagar.