El dueño de una tetería pagará 200 euros por negarse a atender a discapacitados

  • Aones cree que la sentencia es "injusta", ya que hubo "discriminación".
  • Les dijeron que no se les serviría y les negaron el libro de reclamaciones.
  • La Policía "tuvo que personarse y abrir un expediente de lo sucedido".
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La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado por una falta de vejación injusta a pagar una multa de 200 euros al dueño de la tetería 'Alhambra', B.A., ubicada en la capital "al negarse a atender a un grupo de personas con discapacidad intelectual". Según estima la sentencia, el imputado tendrá que abonar 10 euros durante 20 días, cantidad que ha sido estipulada en función de su capacidad económica.

Por su parte, fuentes de la Asociación Onubense para la Normalización Educativa y Sociolaboral (Aones) apuntaron que la sentencia es "injusta" ya que el dueño de la tetería "discriminó a personas con discapacidad que tiene los mismos derechos que cualquier persona", a lo que añadió que "nadie tiene que prohibir entrar en ningún lugar público", algo que calificó como "un delito".

Nadie les tiene que prohibir entrar en ningún lugar público

En este sentido, estas fuentes precisaron que lo que quieren mostrar a la sociedad es que "a las personas con discapacidad no se les puede prohibir nada", dentro de la ley, "ni la educación, ni ninguna otra actividad, siempre y cuando la puedan desarrollar".

La asociación onubense denunció a esta tetería de Huelva ante la Junta de Andalucía; el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo; la Subdelegación del Gobierno central, y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Huelva "por negarse a atender a un grupo de personas con discapacidad intelectual".

Tras muchos rodeos, se les comunicó que no les iban a servir

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero, cuando un grupo de jóvenes discapacitados pretendieron sentarse en la tetería 'Alhambra' de Huelva, donde, "tras muchos rodeos, se les comunicó que no les iban a servir y se les negó el libro de reclamaciones", de manera que la Policía Local "tuvo que personarse y abrir expediente de lo sucedido".

La resolución judicial restablece así el derecho que asiste a las personas que fueron perjudicadas por el condenado, y garantiza de este modo que éstas "obtengan un tratamiento igualitario, digno y no discriminatorio", sancionando "la inadmisible actuación de discriminación, que entiende como una evidente vejación injusta, de la que fueron objeto por razón de su discapacidad".

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