La Audiencia Provincial de Madrid ha abierto una investigación por las actuaciones de los detectives que fueron contratadas por uno de los procesados -el militar Alfonso Cabezuelo- para vigilar a la víctima de La Manada durante el verano de 2016, cuando ella trataba de recuperar su vida tras la agresión, según ha adelantado El Periódico. 

Otra condena a la "Manada" por los abusos sexuales de Pozoblanco

Esta decisión llega después de que el Juzgado de Instrucción 40 de Madrid decretase recientemente el sobreseimiento provisional de la citada causa al entender que no hubo delito de revelación de secretos ni contra la intimidad de la joven. El juez instructor consideró que las imágenes tomadas por los investigadores privados, en las que la víctima de los abusos aparece en la piscina de la urbanización o cenando con su familia en un restaurante, no vulneran su intimidad porque "recabaron datos e imágenes en lugares públicos".

Ahora, la Audiencia Nacional aprecia “indicios de delito” en los seguimientos realizados por los detectives de la empresa Cassol, que trataban de lograr imágenes comprometidas de la joven para desacreditarla en el juicio. 

De hecho, el abogado de los cinco acusado intentó usar la información aportada por los detectives en la defensa de los agresores, aunque luego se retiró el informe del procedimiento al quedar acreditado que la joven hacía una vida “normal”.

Denuncia de la defensa

La causa se abrió a raíz de una denuncia de la defensa de la víctima de La Manada, cuyos agresores fueron condenados en 2019 a 15 años de prisión por el Tribunal Supremo, que elevó la pena de 9 años que había impuesto el Tribunal Superior de Justicia de Navarra al considerar que los cinco procesados cometieron un delito continuado de violación, y no de abuso sexual.

La letrada de la joven denunció que los seguimientos no se limitaron a espacios públicos, sino también en el ámbito privado de su familia y amigos, de manera que se vulneró su derecho a la intimidad y su libertad de movimientos.