Aunque inicialmente estaban llamados a testificar el secretario general del Ayuntamiento de Coria y el ingeniero técnico industrial del mismo, fuentes del caso han indicado a Europa Press que las citaciones han sido suspendidas a cuenta de la incidencia de la pandemia de coronavirus Covid-19, que se habría traducido en casos confirmados de contagio en los juzgados de Coria.

Según informaban a Europa Press fuentes del caso, cuando el pasado 16 de octubre prestaron declaración los investigados, los mismos habrían negado que la gasolinera, gestionada por Zamarrilla Inversiones S.L., sufriese "fugas" en sus depósitos de combustible o cualquier "vertido" de sustancias contaminantes, alegando que en 2019 fue implantado en el recinto un sistema de prevención de filtraciones desde los depósitos al subsuelo. Además, habrían expuesto que el recinto cuenta con una "barrera hidráulica".

Así, los tres investigados habrían negado ante el juzgado que los episodios de contaminación y hedores investigados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía, a raíz de la denuncia interpuesta por residentes de la barriada Guadalquivir, deriven de la actividad de la gasolinera, aludiendo a una "contaminación histórica" en la zona, cuyo origen estaría pendiente de esclarecer aún, según su tesis.

Aunque en principio en las tuberías residuales de Coria fueron detectadas dos sustancias no cancerígenas pero sospechosas, en concreto fenol y dimetilacetamida, siendo barajadas diversas hipótesis como pozos negros o un supuesto foco de contaminación en un antiguo taller situado entre las calles Retuerta y Batán, en septiembre de 2018 la sociedad mancomunada Aljarafesa exponía que al menos entonces, todavía no se había "determinado exactamente el origen o el foco" del hedor ni se podía "precisar que el problema esté en el colector" de tal empresa o en las redes interiores de Coria.

EL INFORME FORENSE

En paralelo, pesa un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla, que merced a muestras de sangre de ocho vecinos de la barriada Guadalquivir detectaba en las mismas "bajas concentraciones" de N-hexano, un disolvente orgánico con "acción tóxica", avisando de que "el hecho de que la exposición a los disolventes esté mantenida en el tiempo, durante meses, hace que aumente la posibilidad de alguna de las patologías descritas anteriormente", como "alteraciones sensitivas y motoras en las piernas y en la función muscular o cuadros de arritmia".

Por eso, la mencionada institución consideraba en su informe, recogido por Europa Press, que "sería conveniente poner los medios necesarios para evitar esta exposición continuada (de los vecinos) a este y otros disolventes que puedan detectarse en la zona afectada", pues "en algunas muestras del aire tomado en las viviendas se ha detectado además otros disolventes".

En la actuaciones realizadas, en cualquier caso, se ha detectado, tras mediciones realizadas en el interior de varios domicilios de la citada barriada, la presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) derivados de hidrocarburos, así como Sulfato de Dimetilo, muy tóxico por inhalación, según la Guardia Civil. Los agentes del Seprona detectaron igualmente, en las proximidades de la gasolinera intervenida, la presencia de un vertido de hidrocarburos.

ESCAPES O VERTIDOS

Según los técnicos, como consecuencia de los escapes o vertidos contaminantes de hidrocarburos tipo gasolina, gasoil y aceites minerales, se ha producido un daño sustancial a la calidad del suelo en el entorno de la gasolinera.

Dicha contaminación "ha dado lugar a un daño sustancial a la calidad de las aguas subterráneas y, por los flujos de descarga de los acuíferos y su cercanía al cauce, se produce una situación de grave perjuicio para el sistema natural del estuario del Guadalquivir, así como un riesgo importante de grave perjuicio a la salud de las personas".

Para confirmar tal extremo, la Guardia Civil inspeccionó la gasolinera junto con inspectores del Servicio de Industria y Energía de la Junta de Andalucía, tanto física como documentalmente, comprobándose que existían anomalías en forma de fuga en el depósito de gasolina SP/95, según el Instituto Armado.