La nueva Ley Estatal de Vivienda actuará también sobre los alquileres privados y dará capacidad a comunidades autónomas para establecer un índice de precios al alquiler y "contener" o "bajar" los precios en nuevos contratos de otros ya existenes en zonas "tensionadas" donde se produzca un "incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler".

El Gobierno promoverá el "alquiler asequible"con vivienda pública y los inquilinos exigen actuar sobre el alquiler privado

Así figura en el acuerdo que alcanzaron anoche los dos socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, sobre la regulación de los precios del alquiler, un asunto que bloqueó durante todo este lunes la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos que finamente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentarán esta mañana, antes de su aprobación por parte del Consejo de Ministros.

El acuerdo in extremis sobre el alquiler consiste en un compromiso para que el Consejo de Ministros apruebe en un plazo de tres meses el proyecto de ley Estatal de Vivienda, que se encuentra en la actualidad en proceso de consulta 

Según el acuerdo, la nueva ley habilitará a comunidades y ayuntamientos para que establezcan su propio índice de precios de referencia a partir del que elaboró en junio el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y además "convalida" los avances que ya existan en las autonomías, una alusión velada a la Ley de Vivienda de Cataluña que los Sindicatos de Inquilinos reclamaban como modelo para extender a toda España.

Ábalos lanza el índice de referencia de precios del alquiler, pero evita hablar de limitarlos en situaciones abusivas

En función a esos índices de referencia, una comunidad o un ayuntamiento podrán "declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente" que una zona urbana es de "mercado tensionado".

En estos casos, podrán establecer "mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios", que afectará a contratos nuevos de alquiler y también a contratos existentes.

Para "contener subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos", ayuntamientos y comunidades podrán tomar como referencia el contrato de arrendamiento anterior y "acotarán" los incrementos permitidos.