"Andalucía fue pionera en la realización de estas pruebas al personal de los órganos judiciales de nuestra comunidad, y de nuevo lo somos ahora con esta segunda tanda con la que queremos dar seguridad al personal en estos momentos tan complicados que estamos viviendo", ha explicado este lunes en una nota la delegada territorial de Justicia, Raquel Morales.

El objetivo de esta segunda ronda de test "es garantizar la seguridad, prevenir y evitar posibles contagios en los juzgados". Morales ha remarcado que "es el compromiso que esta Consejería y este Gobierno tiene con el personal de la Administración de Justicia y con los usuarios".

Como ya se hiciera al inicio del verano, las pruebas se ejecutan bajo la coordinación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf), dependiente de la Consejería, y se llevan a cabo por un médico forense. "Al igual que en la primera ronda vamos a hacer los test no solo a nuestro personal funcionario, sino que lo extenderemos a los mismos profesionales de la Administración de Justicia que entonces", ha afirmado.

De esta forma, la previsión es alcanzar los 700 test rápidos en toda la provincia. En toda Andalucía, serán más de 8.800 pruebas, gracias a la colaboración con la Consejería de Salud que dotará de todas aquellas que sean necesarias.

Las pruebas son test rápidos, cuyos resultados se conocen en pocos minutos. Los casos que dieran un posible positivo serán derivados al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que a partir de ese momento sigan todos los protocolos que marcan las autoridades en este sentido.

Los resultados del verano, tras 697 pruebas, arrojaron un porcentaje de seroprevalencia del 1,4 por ciento, y solo hubo un diez casos que dieron positivo, aunque posteriormente fueron descartados por PCR.

Para realizar estos test, la Consejería elaboró en su momento un protocolo con los Imlcf para poder llevarlos a cabo con todas las medidas de seguridad por parte de los médicos forenses. Estas pruebas forman parte del conjunto de medidas de seguridad que mantiene desde el inicio de la pandemia en todas las sedes judiciales para garantizar la protección de todo el personal de la Administración de Justicia, de los profesionales relacionados con ella y de los ciudadanos.