Los viajes fuera de la Comunidad de Madrid por el puente de Todos los Santos están en el aire. El Gobierno regional no descartó este lunes decretar el cierre de la región amparándose en el estado de alarma que entró en vigor el domingo. El objetivo es limitar la movilidad, una de las grandes aliadas en la propagación descontrolada del coronavirus.
"Se hará todo lo necesario" para proteger la salud pública, aseveró el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, al ser preguntado por el confinamiento de la región. Mientras, el responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, apuntó que cualquier decisión al respecto estaría "muy condicionada" por la tendencia de los positivos en los próximos días.
Los últimos datos de evolución epidemiológica revelan que los positivos siguen a la baja en la región, aunque de forma menos acusada que en semanas anteriores. También caen levemente las hospitalizaciones, aunque, en todo caso, se sigue manteniendo la cautela y la necesidad de extremar las precauciones y observar las recomendaciones de la Consejería de Sanidad.
En manos de este departamento está, precisamente, la decisión de cerrar la comunidad de cara al próximo puente festivo y teniendo en cuenta que se avecina otro en la capital: el de La Almudena.
El equipo que dirige Ruiz Escudero afronta el estudio de la situación actual y de las medidas a tomar en los próximos días sin perder de vista las estrategias que van implementado otros territorios y con una cita marcada en rojo en su agenda: el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra este miércoles.
Para la Comunidad se trata de una cita clave de cara a establecer un confinamiento perimetral. En este sentido, fuentes de la Consejería de Sanidad apuestan por que esta sea una de las cuestiones que se aborden en la reunión telemática de todos los consejeros de Sanidad con el ministro del ramo, Salvador Illa.
En concreto, desde el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso esperan que la Interterritorial se traten algunos de los "flecos" que, a su juicio, deja el decreto del estado de alarma, que es el daría cobertura jurídica a los gobiernos autonómicos para limitar las entradas y salidas de sus territorios.
En este sentido, entre las principales dudas figura cómo limitar los desplazamientos, cuya variedad implica diferentes actuaciones. "No es lo mismo controlar las carreteras que viajes en avión, trenes, autobuses...", ejemplificaron desde la Consejería de Sanidad.
Además, desde Sol se viene insistiendo desde que comenzaron las restricciones de esta segunda ola en que Madrid no tiene competencias en seguridad ni policía autonómica. Para hacer efectivas las limitaciones, la región depende de la Delegación del Gobierno, que gestiona a Policía Nacional y Guardia Civil, y de los ayuntamientos, que controlan las policías locales.
Este lunes, precisamente, Díaz Ayuso se reunió con el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para abordar la situación en la que queda la comunidad tras la declaración del estado de alarma. La presidenta solicitó el despliegue de casi 800 agentes y colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad.
Entre sus funciones inmediatas, más allá de un posible cierre de la comunidad, está controlar el cumplimiento del toque de queda de 0.00 a 6.00 horas que viene aplicándose en Madrid desde el sábado. Las tres primeras noches las ciudades se han vaciado y no ha habido incidentes graves.
La puesta en marcha de esta medida podría implicar algunos cambios en el transporte público, según informó este lunes el consejero Ángel Garrido. El responsable de la cartera de Transportes señaló que esta semana se estudiará cuál ha sido la demanda entre las 0.00 y la 1.30, hora del último servicio del suburbano madrileño. Este análisis podría desembocar en un cierre adelantado del servicio, como ya sucedió la pasada primavera.
Comentarios