La moción, defendida por Adelante y los andalucistas, ha contado con la abstención del PP y el voto contrario del PSOE, Cs y Vox, según han informado a Europa Press municipales, con lo que ha sido rechazada, toda vez que la misma había sido elevada a pleno después de que los ecologistas entregasen en el Ayuntamiento alcalareño unas 9.000 firmas en demanda de esta medida.

A juicio de la portavoz alcalareña de AxSí, Lola Aquino, "el PSOE, que lleva meses esquivando el tema para no dañar más su frágil estabilidad numérica, vive preocupado por respaldar la defensa de Ciudadanos de los intereses exclusivamente empresariales, por encima de la salud, y trata de desviar la atención a la Junta de Andalucía como si la modificación del PGOU fuese cosa de Moreno Bonilla y no de Ana Isabel Jiménez, Jesús Mora y Rosa Carro".

El concejal de Urbanismo, Jesús Mora, ha manifestado de su lado que ha pedido a la Junta de Andalucía, "administración competente en materia de calidad del aire", "un informe sobre la situación ambiental de la cementera y de su proyecto de valorización de residuos, para conocer si el proyecto de la empresa supone un riesgo para la salud de los ciudadanos o para el medio ambiente", toda vez que los ecologistas llevan años y años denunciando supuestos episodios de contaminación del aire fruto de la actividad de la empresa.

"El resultado de dicho informe se incorporará al expediente de modificación del PGOU relativo a las actividades industriales en la proximidad del casco urbano y la decisión contará con la garantía jurídica necesaria", ha asegurado el edil de Urbanismo, alegando que el Ayuntamiento "está obligado a contar con el informe de la Junta de Andalucía".

La propuesta, en cualquier caso, estaba destinada a corregir la situación suscitada por la citada sentencia del TSJA, que merced a un recurso de Cementos Portland Valderrivas, propietaria de la planta cementera de Alcalá, anula la modificación puntual del planeamiento urbano aprobada anteriormente por el Ayuntamiento alcalareño con una "distancia mínima" de dos kilómetros entre las actividades industriales que "utilicen residuos como combustible alternativo" y las "zonas de suelo urbano o urbanizable".

En la práctica, tal modificación del planeamiento urbano impedía la iniciativa de la empresa para que dicha planta cementera incinere derivados de residuos no peligrosos para su uso como combustible.