"¡No soy la pieza clave de ningún puzle y todas mis actuaciones fueron buscando siempre el interés público!", ha resumido Delgado para eludir cualquier ilegalidad en su actuación durante sus distintas funciones, primero como viceconsejero y luego como secretario general, en la Consejería de Economía entonces dirigida por el ya fallecido Tomás Villanueva, en el transcurso de su interrogatorio en la Comisión de Investigación de las Eólicas desarrollada en la Cortes.

El exalto cargo de la Junta, que ha acudido acompañado de su letrado defensor en las dos causas abiertas en sede judicial, la de la trama eólica y la relativa al edificio de 'La Perla', donde figura entre los encausados con peticiones de cárcel por la segunda de ellas de entre 11 y 34 años de cárcel, ha respondido con seguridad a las preguntas formuladas por los representantes de los distintos grupos para, a modo de resumen, declararse como un mero "instrumento" que en todo momento actuó mandatado en todas las operaciones por su superior, el consejero Tomás Villanueva.

A lo largo de su intervención, el declarante se ha autodefinido como el "chivo expiatorio, el objeto del pim pam pum" y ha denunciado que incluso ha sido perseguido por el Gobierno regional, al tiempo que ha reiterado que no se ha quedado "con un solo euro" a lo largo de sus funciones durante los procesos de adquisición del Edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo, más conocido como 'La Perla Negra'; la compra de terrenos para un fallido polígono industrial en Portillo, el alquiler de la sede administrativa en Bruselas y la tramitación de parques eólicos en la Comunidad.

En el caso particular de la compra de 'La Perla', que reunificó en Arroyo distintos servicios, Delgado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha defendido la operación por lo beneficioso que, a su juicio, resultó para las arcas regionales, en referencia a que su adquisición, con un coste de más de 64 millones, "refrendado por distintas tasaciones que cifraban el valor en 58 millones, supuso un ahorro de unos cien millones en alquileres".

El interrogado ha limitado su intervención al mero hecho de llevar el asunto en 2006 a Gesturcal y firmar el contrato, en calidad de consejero delegado del Consejo de Administración, siempre siguiendo las directrices de su jefe, el entonces consejero económico, Tomás Villanueva, a quien ha atribuido la "decisión política" de adquirir un inmueble en el que ha negado hasta la saciedad que se produjeran sobrecostes.

También firmó, "de buena fe", el contrato marco para la adquisición de terrenos en la localidad de Portillo (Valladolid) para un parque industrial que finalmente no se llegó a ejecutar, igualmente mandatado por el consejero, "que se leía todos los contratos y los modificaba de puño y letra y que justificó el precio en las Cortes".

EL CONTROL DE VILLANUEVA

"Yo no me he beneficiado ni de esta actuación ni de ninguna otra, he tratado siempre de funcionar de acuerdo con los mandatos del consejero", ha insistido una vez más Delgado, que también ha defendido su actuación en la tramitación de parques eólicos en Castilla y León, sector en el que ha justificado la figura de la avocación adoptada por Villanueva en 2004-los trámites que antes llevaban a cabo los servicios territoriales los centralizó el consejero-en un intento de controlar el que se convirtió entonces en el primer sector industrial en la Comunidad, con inversiones de hasta 5.000 millones.

"Mi criterio, y así se lo dije al consejero, era tramitar las autorizaciones por orden de montón y que el proceso lo dirigiera Red Eléctrica Española, pero Villanueva, seguramente con un criterio distinto que no digo que fuera ilegal, dijo que no y lo quiso controlar él", ha advertido el exalto cargo.

En un momento de su interrogatorio,

A su juicio, el principal problema generado en 2003 era que había proyectos eólicos en tramitación con una potencia global de 70.000 megavatios, mucho más de los que Red Eléctrica entendía como evacuables, toda vez que para toda España estaban previstos 20.000.

De hecho, ha recordado que finalmente se autorizaron 4.000 en Castilla y León, de ahí las tensiones generadas entre los promotores y la necesidad de establecer un cierto criterio de coordinación entre las consejerías de Economía, Medio Ambiente y Red Eléctrica.

En este ámbito, Delgado sí ha negado haber participado y obtenido rédito alguno en los procesos de compra de participaciones entre unas y otras empresas del sector en las transmisiones de parques, marco en el que las pesquisas judiciales aluden al cobro de mordidas millonarias por cargos de la Junta.

"Yo no conocía a los promotores, ni retrasé, ni perjudiqué ni aceleré la tramitación de parques eólicos", ha sostenido el interrogado, quien, acto seguido, se ha mostrado convencido de que esa transmisión de acciones entre empresas, con operaciones de muchos millones de euros, fueran conocidas de primera mano por los altos cargos públicos de la Junta.

En un momento de su intervención, y a preguntas sobre 800.000 euros que la policía judicial detectó en sus cuentas, Delgado ha asegurado que tal cuantía nada tenía que ver con las distintas operaciones objeto de investigación, tanto en sede judicial como parlamentaria, y que el dinero en cuestión guardaba relación con los proyectos empresariales que inició una vez abandonada su labor en la Administración regional, una vez pasados los dos años de incompatibilidad requeridos.

"No es un dinero que yo me llevé, sino para participar en distintos proyectos que al final se fueron al garete fruto de ese trituramiento personal al que me he visto sometido desde hace casi diez años. Han conocido a alguien de la Junta que hable bien de mi", se ha vuelto a quejar en alusión a la "persecución" que, según dice, viene sufriendo por parte de la Junta.

Ya a modo de alegato final, minutos antes de dar por concluida su comparecencia, Delgado ha insistido en que las actuaciones en el edificio de 'La Perla', el polígono de Portillo y la tramitación de parques eólicos buscaron siempre el "interés público y no ocasionaron pérdidas a la Administración autonómica", así como que en el punto concreto del sector eólico el intento por facilitar la entrada de empresarios locales no buscaba otra cosa que generar riqueza en la Comunidad y puestos de trabajo, máxime cuando se convirtió en el primer sector industrial.

"Las plusvalías que obtenían los empresarios en las negociaciones por la transmisión de los parques eólicos eran cuestiones privadas entre ellos y negociaciones lícitas, sin que haya conocido que cobraran por ello cargos de la Administración regional", ha concluido Delgado, no sin antes asegurar que no fue hasta 2014, en un encuentro con un responsable de la Agencia Tributaria, cuando conoció los referidos tratos entre los promotores de este sector.