El Congreso de los Diputados aprobó este martes la suspensión de la regla de gasto que planteó el Gobierno hace unas semanas a causa de la crisis del coronavirus. La Cámara Baja ha considerado que la pandemia mundial y los efectos que está teniendo sobre la economía son razón suficiente para que el año que viene las administraciones no tengan que alcanzar un objetivo de déficit y puedan gastar sin estar sujetos a los límites de estabilidad presupuestaria.
Solo uno de los 350 diputados, Isidro Martínez Oblanca (Foro), votó en contra de considerar que existen motivos suficientes para que el Gobierno suspenda la regla de gasto tanto para la administración central como para comunidades y ayuntamientos. PP y Vox se abstuvieron, mientras los partidos que forman el Ejecutivo y sus socios nacionalistas e independentistas, así como Ciudadanos, votaron a favor de saltarse en 2021 los límites de inversión pública.
Esto implica que las administraciones podrán ejecutar el año que viene sus presupuestos sin el corsé impuesto por la regla de gasto, que normalmente establece limitaciones en la inversión para conseguir que el déficit y la deuda públicos no se disparen. Asimismo, la suspensión de este principio implica que los ayuntamientos que los tengan podrán gastar sus ahorros en políticas públicas en lugar de verse obligados a usarlos para amortizar deuda.
Junto a la suspensión de la regla de gasto, el Congreso también aprobó el límite de gasto no financiero del Estado en 2021, que el Gobierno fijó hace unas semanas en 196.097 millones de euros, nada menos que un 53,7% más que el año pasado. Se trata de una cifra extraordinaria con la que el Gobierno pretende combatir la depresión económica que, según sus propias previsiones, se reflejará en 2020 en una caída del PIB del 11,2%.
El permiso del Congreso para anular temporalmente la regla de gasto se produce siete meses después de que la UE anunciara que suspendía el pacto de estabilidad, que normalmente obliga a los Estados a mantener una deuda pública por debajo del 60% y con el que Bruselas vigila el cumplimiento de los objetivos anuales de déficit de cada país, que según esa norma debe ser menor al 3% del PIB.
La abstención de PP y Vox
La encargada de defender la decisión este martes fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aseguró que es imperativo aplazar el cumplimiento de los objetivos de déficit "hasta que las condiciones económicas lo permitan". Solo entonces, aseguró, "será el momento de poner en marcha políticas fiscales que lleven a la senda de estabilidad y planes de equilibrio", una vez estabilizada la situación económica. "Estamos convencidos de que los dirigentes de las comunidades autónomas y de los Ayuntamientos no dejaran de actuar con responsabilidad" a la hora de gastar, apuntó igualmente la ministra.
El PP, no obstante, quiso nadar entre dos aguas y no rechazó la suspensión de los objetivos de déficit, pero sí cargo duramente contra la gestión económica del Gobierno, al que acusó de querer "hacer lo que les venga en gana sin ningún tipo de control", en palabras de su diputada Elvira Rodríguez. La parlamentaria aseguró que la crisis se debe a la Covid-19, pero sostuvo que se ha visto agravada por las políticas económicas del Ejecutivo, al que pidió que elabore un plan de reequilibrio de las cuentas públicas.
Vox, por su parte, denunció que "no se fía" de las medidas que está tomando el Gobierno para combatir la crisis provocada por la pandemia, y alertó de que, a su juicio, España se encuentra "en serio riesgo" de "insolvencia" y de impagar su deuda, según sostuvo su portavoz Iván Espinosa de los Monteros. Para Vox, suspender la regla de gasto es el equivalente a "una auténtica fiesta del gasto, una fiesta socialista, de las más caras", si bien la formación se abstuvo.
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