El pasado mes de febrero, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Vigo dictó sentencia en la que declaraba ilegal el decreto de servicios mínimos aprobado por el gobierno local vigués con motivo de la huelga indefinida convocada por CUT y CIG en el servicio de bomberos.

En esa resolución, el juez determinaba que el decreto "vacía de contenido el ejercicio de la huelga" ya que, en la práctica, los servicios mínimos impuestos se correspondían con los efectivos que desarrollan su labor en el servicio de bomberos de forma habitual y ordinaria.

El Ayuntamiento de Vigo recurrió la sentencia y, ahora, el alto tribunal gallego ha desestimado el recurso y ha validado la sentencia de primera instancia (dictada tras un contencioso interpuesto por el sindicato CIG).

El TSXG incide en que la propuesta de servicios mínimos recoge 20 efectivos y un jefe en funciones. "Casualmente ese número de efecivos es el mismo que, desde el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 10 de mayo de 2010, se establece para el servicio ordinario diario (...), por más números que haga el Ayuntamiento demandado en su afán de confundir la realidad", ha señalado en su sentencia.

El servicio de bomberos de Vigo está en huelga desde agosto de 2019, para demandar más personal y para denunciar sus condiciones laborales.

Los sindicatos CIG y CUT recurrieron un decreto del gobierno local que anulaba sus descansos y les imponía la realización de horas extras, y los tribunales les dieron la razón, tanto en primera instancia como el propio TSXG.

Sin embargo, han criticado que no se han producido avances en el diálogo con el gobierno vigués para poner solución a su situación. De hecho, la CIG interpuso una denuncia por vía penal por la actuación de los responsables municipales.

VALORACIÓN DE LA CIG

El secretario comarcal del sindicato nacionalista, Alberto Gonçalves, ha señalado que la última resolución del TSXG, sobre los servicios mínimos, es "un nuevo varapalo judicial" al gobierno de Abel Caballero, al que ha exigido que se siente a dialogar y "deje de jugar con la seguridad" de los ciudadanos y de los funcionarios.

Según ha advertido, "Vigo no puede tener un servicio de bomberos a costa de miles de horas extras y privando del descanso al personal", y ha subrayado que "este conflicto no se va a resolver con sordera ni autoritarismo", como pretende el gobierno local. "Si Elena Espinosa (concejal de Seguridad) no quiere ser parte de la solución, que se aparte, y que deje de ser parte del problema", ha proclamado, y ha apuntado que la CIG seguirá defendiendo al colectivo de bomberos de la ciudad.

Cuestionado acerca de esta última sentencia, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha eludido pronunciarse, argumentando que desconoce el contenido de la resolución del TSXG.