El estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid el pasado viernes 9 de octubre fue "un atropello al autogobierno" del Ejecutivo regional. Así lo ha defendido este martes el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la autonomía, Enrique López, que ha vuelto a tomar distancia, como vienen haciendo otros miembros de la administración en los últimos días, con la medida que adoptó el Gobierno central "después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no avalase sus restricciones".
"Las competencias sanitarias las tenía la Comunidad y nuestras medidas eran eficaces, ya que bajaron los nuevos casos, los ingresos y la presión hospitalaria", ha destacado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que ha pedido "persistir" en los confinamientos perimetrales por zonas básicas de salud que ya venía aplicando la presidenta Isabel Díaz Ayuso con la oposición del ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Y es que, este sábado decae el estado de alarma y Moncloa ya ha confirmado que no habrá una prórroga. Dependerá de la Comunidad la respuesta para seguir bajando la curva. Entre las opciones, el establecimiento de un toque de queda a partir de las 12 como ha anunciado en otro desayuno informativo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, medida que no ha comentado López, y esos cierres por zonas básicas de salud.
"El estado de alarma fue ilegal y arbitrario, ya estábamos consiguiendo que los madrileños no se fueran de puente con medidas de concienciación", ha continuado López.
En el desayuno protagonizado por el consejero de Justicia también ha intervenido el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso Puig, que ha comentado la polémica reforma de elección de 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuesta por PSOE y Unidas Podemos que pretende rebajar la mayoría reforzada. En un alegato, ha solicitado no dejar en manos del poder ejecutivo el nombramiento del judicial.
López, que también es vicesecretario de Justicia del PP, ha defendido que la Comunidad está "despolitizando la justicia madrileña" al haber aprobado una proposición para que la Asamblea no nombre jueces del TSJM y ha criticado la reforma del CGPJ por ir "en contra de lo que dice Europa".
"Esta reforma, que nos acerca a Venezuela y a Polonia, debe desaparecer", ha reclamado antes de negar que el PP bloquee la renovación de los órganos judiciales, en funciones desde hace dos años pese a que es un mandato constitucional al que se ha comprometido a llegar si Podemos no entra en las negociaciones.
"En 2018 llegamos a un principio de acuerdo pero fue la revelación sobre el candidato a presidir el Supremo lo que acabó con él, en 2019 hubo dos elecciones y en 2020 nos encontramos con el nombramiento de la ex ministra de Justicia como fiscal general del Estado y con la pandemia", ha justificado.
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