¿Qué es Accenture? La empresa aspira a un nuevo contrato con el Gobierno para detectar falsos autónomos y empresas ficticias

Fachada de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Madrid (España), a 26 de junio de 2020. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reabrió ayer al público la mayor parte de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Soc
Fachada de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Madrid.
RRF

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha licitado un contrato para realizar tareas contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social, incluida la detección de empresas ficticias y falsos autónomos. Entre las empresas que aspiran a él se encuentra Accenture, una empresa que ofrece un servicio de consultoría estratégica y servicios tecnológicos y que ya obtuvo un contrato similar del Gobierno en 2017.

La noticia, publicada por El Confidencial, pone el foco sobre esta empresa que aspira a volver a encargarse de gestionar para el Ministerio de José Luis Escrivá la lucha contra el fraude mediante el empleo de nuevas tecnologías y 'big data'. Según apuntan fuentes de Seguridad Social, el Gobierno ha externalizado estos servicios desde 2012 y ya en 2017 el contrato fue para Accenture, que vuelve a aspirar a ganarlo de nuevo. Indican que en modo alguno estos trabajos "sustituyen" ninguna tarea que puedan hacer los funcionarios, sino que los "complementan".

En concreto, la Tesorería General de la Seguridad Social requiere un gerente y coordinador técnico, un consultor responsable de negocio y un analista de datos, cuyo trabajo será "el establecimiento de sistemas, basados en el análisis de los datos, que permitan el diseño y la implantación de nuevos controles destinados tanto a la comprobación de la veracidad y calidad de la información que afecta a la correcta ejecución de las obligaciones en materia de afiliación, cotización y recaudación, como a la detección del incumplimiento de las obligaciones establecidas en tales materias, incumplimiento que puede generar una reducción de ingresos en el sistema de la Seguridad Social, y por tanto un fraude a la Seguridad Social", señalan desde el Ministerio. 

Asociaciones como UGT han puesto de manifiesto su descontento ante la contratación de una empresa externa para llevar a cabo este trabajo. UGT señala que esto supone "una renuncia por parte de la Administración General del Estado a su obligación de innovación, en un momento en que la necesidad de digitalización de la Administración es indispensable". 

Asumen que esta contratación no solamente es una forma de conseguir soporte tecnológico para el manejo de datos, sino también "para su disposición por los organismos encargados de la ejecución de la política contra el fraude". Así, creen que sería "imprescindible" un cambio en la política antifraude que modernice y adquiera recursos propios. 

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