Así lo ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien ha expresado que les preocupa "mucho" la situación de las residencias porque su obligación es "proteger a los más vulnerables" y es en estos centros donde se concentra la mortalidad.

Por ello, ha explicado que este jueves han evaluado algunas acciones que se podrían llevar a cabo y esperan poder tener "en un plazo muy breve" un control "efectivo" y "prácticamente diario" mediante muestras de 'pooling' o aguas residuales en "todas y cada una" de las residencias, algo que están poniendo en marcha.

En cuanto a la situación de las residencias, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien ha compartido la preocupación sobre estos centros, ha explicado que actualmente hay 63 brotes en centros sociosanitarios, lo que supone el 15,9 por ciento total, y tienen vinculados 1.159 casos, lo que suponen 18,4 por brote activo.

Por otro lado, Igea se ha referido a la exigencia del PSOE de que la Junta aporte los datos de mortalidad y morbilidad de todos los centros, privados y públicos, antes del día 19 de octubre o, de lo contrario, pedirá una comisión parlamentaria de investigación.

CUMPLIR LA LEY

El portavoz de la Junta ha reiterado que la Consejería de Familia se va a "atener" a las órdenes del Comisionado de la Transparencia y seguir lo que establece la Agencia de Protección de Datos o la propia Abogacía del Estado, que corroboran el informe de los servicios jurídicos de la Junta, que indican que estos datos no se pueden dar. Además, ha recordado que la información está en poder de la Fiscalía y del propio Comisionado.

"Esta junta no puede actuar contra el criterio de la Abogacía del Estado", ha señalado Igea, quien ha señalado que esto empieza a ser "un poco esquizofrénico", expresión por la que poco después ha pedido perdón públicamente por haberse equivocado al utilizar un término médico o psiquiátrico para calificar una acción política.

Igea ha criticado que el Gobierno diga que no se pueden dar unos datos y los partidos que están en ese mismo Ejecutivo los pidan en sus comunidades autónomas, al igual que considera que no puede ser que el PSOE de Castilla y León diga que quiere una comisión de investigación en Castilla y León pero no en Extremadura. "No puede ser que según caiga el PSOE, en el gobierno o en la oposición, se hagan unas cosas o no", ha señalado el portavoz de la Junta, quien considera "un acto de desvergüenza política" proponer una cosa y la contraria dependiendo de dónde está uno.

En esta línea, ha insistido en que la Junta hará lo que indique el Comisionado y las leyes porque no se puede actuar "en contra" de los informes jurídicos y "actuar contra las normas a sabiendas tiene un nombre, y hay cosas que no se pueden hacer".