El Congreso celebrará este martes una votación no prevista en un principio sobre algo que no existirá este año pero que obligará a los grupos de la Cámara a elegir entre dos caminos que se plantean desde la crisis económica de 2008 y vuelve con la de la Covid, entre austeridad o gasto público. El Gobierno someterá a votación su decisión de no presentar objetivos de déficit para 2021, que particularmente apela al PP, que ha criticado la suspensión de las reglas fiscales y que ahora tendrá que elegir entre mantenerlas en pie o el aumento del gasto que promete el Gobierno sin ellas.

La historia de si el Congreso tiene algo que decir sobre la suspensión del objetivo de déficit empezó hacer unas semanas y terminará este martes con una votación que pondrá al PP ante la tesitura de apostar por la disciplina fiscal, que es una de sus señas de identidad, o por permitir mayor gasto para hacer frente a la pandemia. La cuestión llega hasta el extremo de que el Congreso, en el fondo, se pronunciará sobre si dejar o no en suspenso el polémico artículo 135 de la Constitución, que PSOE y PP se pusieron de acuerdo para reformar de forma exprés en 2010.

Es una votación que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no contemplaba cuando a principios de octubre anunció que en 2021 no pondrá límites al gasto público ni del Gobierno central ni de los autonómicos ni de los ayuntamientos. Con esta permisividad, el Consejo de Ministros se prepara para aprobar un proyecto de ley de Presupuestos con un incremento récord del gasto para el año que viene, un 53%, hasta casi 200.000 millones más. Entonces, negó que con esta decisión, el Gobierno se saltara un trámite en la preparación de los Presupuestarios porque, aunque no pensaba presentar una senda de déficit, el Congreso sí debatiría sobre el techo de gasto.

Pero esto cambió hace dos semanas. Tras aprobarse en el Consejo de Ministros el techo de gasto, Montero comunicó que se iba a someter a votación del Congreso la anulación de la senda de déficit, aunque apuntaba que no era necesario tener luz verde de la Cámara. “Se solicita al Congreso de que declare que estamos en una pandemia y en una situación que tiene graves consecuencias en materia financiera y económica”. Fuentes de Hacienda apuntan que no existe ninguna obligación jurídica para plantear esta votación en el Congreso y que el Gobierno decidió que se celebre igualmente para ser más garantistas.

“Por parte del Gobierno, sabemos que es una obviedad”, dijo Montero a principios de octubre, cuando explicó que “para mayor seguridad jurídica” se había decidido que el Congreso derogara para 2021 dos puntos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de parte del famoso artículo 135 que protagonizó la última y polémica reforma de la Constitución. En concreto, en virtud de su apartado 3, que dice que "excepcionalmente, el Estado y las comunidades autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria". El artículo sí apunta que el Congreso debe "apreciar" por mayoría absoluta que se dan estas circunstancias.  

El PP exige un plan de reequilibrio

Hasta ahora, el PP ha reaccionando con una cautela cercana al rechazo a estos planes del Gobierno para incrementar el gasto público, pero tampoco se ha opuesto abiertamente porque está el Ejecutivo lo justifica en un motivo contra el que es difícil manifestarse: la pandemia hace que todas las administraciones, especialmente la autonómica, necesiten más recursos para hacerla frente.

Los populares ponen el acento en que un incremento desmesurado del gasto conllevará a tener que hacer recortes en el futuro. Así se han manifestado su portavoz nacional de Economía, Elvira Rodríguez, que pidió “seriedad” a Montero y le instó a que fijara unos objetivos de déficit.

Poco días después, los consejeros de Hacienda de dos gobiernos autonómicos del PP, Comunidad de Madrid y Andalucía, optaron también por la cautela ante el gasto desmedido al término en un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el Montero propuso a las comunidades que en 2021 incrementen su déficit del 0,1% del PIB que fijó el objetivo para el año que viene al 2,2%. Este umbral se acerca al 2,4% que había pedido el presidente andaluz, Juanma Moreno, hace unos meses pero no suscitó gran entusiasmo entre los gobiernos regionales del PP. “Abre una senda de desequilibrio en las cuentas públicas que puede tener consecuencias muy negativas para España”, advirtió el consejero madrileño de Hacienda, Javier Fernánez-Lasquetti.

Ante la votación de esta semana, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Mario Garcés, advierte de que “la eliminación temporal de las reglas fiscales solo será eficaz si no se convierte en un ejercicio de incremento del gasto insostenible ni en crecimiento desbocado de la deuda”. Así, el PP cree “esencial” conocer un plan de reequilibrio de las cuentas públicas “que el Gobierno oculta” y que, según Garcés, pasará por “mayores impuestos”.