Anticorrupción, en contra de que el Supremo investigue a Iglesias por el 'caso Dina'

MADRID. 23.09.2020. POLITICA. Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Pablo Iglesias, vicepresidente. FOTO: JOSÉ LUIS ROCA
Pablo Iglesias, vicepresidente. 
JOSE LUIS ROCA
MADRID. 23.09.2020. POLITICA. Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Pablo Iglesias, vicepresidente. FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional no está de acuerdo con Manuel García Castellón, juez instructor del ‘caso Dina’, pieza separada de la causa ‘Tándem’. Al menos, no en su interés por hacer que el Tribunal Supremo investigue al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

Al no poder imputarle por su condición de aforado por ser diputado, el magistrado envió la semana pasada una exposición razonada al Alto Tribunal para que la causa continuase allí al entender que Iglesias había cometido hasta tres delitos: revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa. A continuación, el Supremo pidió a la Fiscalía que se pronunciase y, antes de que lo haga, Anticorrupción ha enviado este jueves su informe para que el fiscal teniente Luis Navajas lo tenga en cuenta, tal y como ha avanzado La Vanguardia.

En dicho escrito, la Fiscalía disiente de lo sostenido por Castellón. En primer lugar, rechaza que el líder de Podemos hubiese cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género al haber tardado meses en devolverle a Bousselham, su exasesora, la tarjeta SIM que le robaron en un Ikea en noviembre de 2015 ya que la afectada no ha presentado denuncia.

En su exposición, García Castellón también aseguraba que, pese a no poder determinar cuándo le devolvió dicha tarjeta que más tarde aparecería en un domicilio del excomisario encarcelado José Manuel Villarejo, el objeto estaba “inservible para su funcionamiento”. Esto le llevó a atribuirle al vicepresidente dichos daños, pese a que aseguraba que le habían “impedido recabar una prueba directa de esa destrucción” y pese a contar en su haber con un informe policial que decía que los daños de la tarjeta podían deberse al trabajo de una empresa especializada en recuperación de datos. Anticorrupción insiste en la existencia de ese informe y en que el quemado de la tarjeta se produjo en la empresa a la que la envió la exasesora.

También desechan los ocho fiscales de la Sala de lo Penal la acusación de denuncia falsa. El juez de la Audiencia Nacional afirmó que Iglesias se personó en la causa, en la que está como perjudicado, “semanas antes de unas elecciones” para sacar rédito político “a sabiendas del origen de las imágenes publicadas” en un diario que le perjudicaban.

Defiende la Fiscalía que la tesis más probable es que la tarjeta llegara a Villarejo a través de los periodistas imputados en el ‘caso Dina’ y que fuera él quien se lo hiciera llegar al medio de comunicación que llegó a publicar chats internos. Además, repiten, como hicieron cuando Castellón le retiró la condición de perjudicado a Iglesias (luego se corrigió), que esos delitos deberían haberse investigado en otro juzgado donde un magistrado nuevo practicara las diligencias necesarias y, si lo hubiera visto necesario, lo enviase al Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra.

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