"Hay que irse al oriente de Europa para ver algo así". En el PP siguen entre estupefactos y cabreados con la propuesta del Gobierno para reformar el CGPJ. De hecho, en Génova ya advierten a Sánchez. "Vamos a activar todos los resortes para evitar su asalto al Poder Judicial", tanto en España como en Europa, ha dicho la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra. Según ella, PSOE y Unidas Podemos quieren tener el control "saltándose la mayoría parlamentaria" que hasta ahora se exige para la renovación.
Gamarra lo tiene claro. "En mitad de un proceso de renovación de órganos constitucionales, cambian la normativa vulnerando la propia Constitución y una sentencia del Tribunal Constitucional", comentó, antes de recordar que los fondos europeos "peligran" porque están "condicionados al cumplimiento del Estado de Derecho". En cambio, fuentes comunitarias consultadas por 20minutos niegan la mayor: no hay preocupación en Bruselas con esta medida porque, para empezar, ni siquiera está aprobada.
La portavoz del PP ha asegurado también que el plan del Gobierno de coalición se produce cuando dos presidentes del PSOE, en referencia a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, están "pendientes de una sentencia" del Tribunal Supremo, el vicepresidente Pablo Iglesias "puede ser investigado por ese mismo tribunal y Podemos está "imputado por un juez por delitos de financiación ilegal".
Gamarra ha comenzado su intervención de este jueves en el Congreso denunciando que sea la primera vez que un presidente del Gobierno no comparece ante el Pleno para informar de esta medida excepcional que recoge la Constitución y delegue en el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
De hecho, ha recordado que así lo hizo el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 cuando aplicó esta medida con la crisis de los controladores aéreos y que afectaba a "muchos menos ciudadanos". "En lugar de parapetarse en el señor Blanco -entonces ministro de Fomento- vino el presidente", ha recalcado.
De la misma manera, ha señalado que también lo hizo el propio Pedro Sánchez cuando el 14 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el primer estado de alarma por el Covid-19 (que en ese momento no requería la autorización de la Cámara Baja sino que era informativa como en esta ocasión).
Por eso, ha criticado la "degradación institucional" que aplica Sánchez y que, a su juicio, supone también una "falta de respeto a los ciudadanos". A su entender, es un "paso más de un Gobierno que ha decidido acabar con cualquier vestigio de normalidad democrática".
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