El Partido Popular fue partícipe "a título lucrativo" de la trama Gürtel. Así lo ha confirmado este miércoles el Tribunal Supremo, que ha ratificado la sentencia que la Audiencia Nacional dictó el 17 de mayo de 2018 sobre la primera etapa del caso (1999-2005) y que motivó la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y que supuso el fin de la carrera política de Mariano Rajoy en apenas días. 

El Alto Tribunal destaca cómo el "Grupo Correa" creó "un auténtico sistema de corrupción" y condena a su máximo exponente, Francisco Correa, a 51 años de cárcel, junto a Luis Bárcenas (29 años), su mujer, Rosalía Iglesias (12 años) y otros 25 acusados por delitos de cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, fraude a la administración pública, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, o exacciones ilegales.

De esta manera, los magistrados de la Sala II evitan modificar sustancialmente lo probado por los de la Audiencia Nacional, aunque sí introducen matices y reproches, ya que "no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa". Esto no es óbice para que el PP quede así obligado a abonar más de 240.000 euros por actos electorales que sufragaron las empresas del grupo Correa en Majadahonda y Pozuelo cuando Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda eran candidatos a esas alcaldías.

Con todo, los jueces insisten en que no se puede afirmar una responsabilidad penal sin acusación o defensa y recuerda que el Partido Popular fue traído al proceso como partícipe a título lucrativo, lo que presupone "que el beneficiario no solo no participó en el delito sino que desconoció su comisión". Fuentes del PP dicen que acatarán la sentencia porque "los hechos son condenables y están ahí" pero aseguran que "la moción de censura se fundamentaba en unos párrafos que ahora el Supremo ha eliminado".

En la sentencia de más de 1.800 folios, los jueces resumen la estructura de colaboración estable que tejió el llamado Grupo Correa con personas del PP que consistía en la prestación de múltiples y continuos servicios y también cómo se creó "un auténtico y eficaz sistema de corrupción a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública que permitió que las empresas de Correa u otras "elegidas por él gozaran de un arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública que se encubría con fórmulas de derecho de aparente legalidad". Para llevarlo a cabo, el tribunal ve probado la existencia de un entramado para "posibilitar el delito, eludir su persecución y facilitar la obtención de beneficios" que se elaboró a través de sobornos a funcionarios y autoridades y facturas falsas.

Sobre el papel del extesorero del PP, Luis Bárcenas, la Sala resalta su participación desde al menos el año 2000 en la trama y cuenta cómo, al margen "de la actividad delictiva que llevó en común con otros acusados", desarrolló por su cuenta "y cuando lo precisaba en colaboración con su mujer, otra actividad dirigida a enriquecerse de modo ilícito intermediando en otras adjudicaciones de obras o apropiándose de fondos del PP”.

"Tanto el origen delictivo de los fondos que nutrían las cuentas bancarias en Suiza de Luis Bárcenas -en cuanto procedentes de su ilícita actividad de intermediación en adjudicaciones públicas, del apoderamiento de fondos del PP y de su ocultación a la Hacienda Pública-, como las operaciones realizadas por éste para ocultar los mismos a través de un entramado financiero e, incluso, simulando contratos u otras operaciones comerciales con la finalidad de ocultarlos, evitar una incautación judicial y aflorarlos más tarde bajo una aparente cobertura lícita”, reza la sentencia, que rebaja las condenas a Bárcenas y a Iglesias, pero levemente, teniendo que pasar ambos en la cárcel 29 años y 1 mes y 12 años y 11 meses respectivamente.