Los políticos independentistas presos reafirman, un año después de recibir la sentencia por el 1-O, su compromiso con la independencia de Cataluña. 

Veto al rey, indulto al procés y foto con Bildu: la semana más 'independentista' de Sánchez desde que está en Moncloa

En declaraciones a la emisora Catalunya Ràdio, los presos condenados a penas de entre 9 y 13 años de prisión por sedición y malversación recuerdan el momento en el que recibieron la pena y que ha significado para ellos. 

Todos coinciden en que la sentencia no fue justa sino una respuesta de "venganza" a los dos millones de personas que votaron el 1-O de 2017 y agradecen la movilización pacífica en las calles para denunciar su situación. Con todo y con eso, se mantienen firmes con el objetivo de la independencia de Cataluña.

El exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras ha recordado que este miércoles hace una año del "acto de venganza" y ha remarcado que la sentencia llevaba sus nombres pero que sentenciaba "a todo un país y a toda una opción política". Junqueras, condenado a 13 años, la pena más alta, considera que la prisión es solo "una fase del camino hacia la libertad". 

"De este callejón saldremos si sabemos seguir sumando y hacernos más fuertes. Queremos dejar atrás la prisión pero, por encima de todo, queremos ganar la libertad del país. Nosotros estamos dispuestos y persistiremos hasta el final", concluye.

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, dice que la condena del Supremo "desenmascara el miedo del Estado a la lucha no violenta y a la desobediencia civil" y añade que la sociedad civil ha de persistir y madurar en esta movilización. Un año después de la sentencia que lo condenó a 9 años de prisión, Cuixart reitera las palabras que pronunció ante el tribunal: "Lo volveremos a hacer y lo haremos juntos sin dejarnos a nadie por el camino".

"Lo volveremos a hacer y lo haremos juntos sin dejarnos a nadie por el camino" (Jordi Cuixart, presidente de Òmnium)

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, condenada a 11 años y seis meses de prisión, dice a través de un mensaje en Twitter que se le ha condenado "por permitir un debate y votación sobre la independencia de Cataluña" y añade que siempre defenderá que en un Parlament "se ha de poder hablar de todo" y que el único límite a la democracia ha de ser el respeto a la persona y a los derechos humanos.

Forcadell recuerda cómo recibió la sentencia: "Pensé en mi madre. Se me hizo un nudo en el estómago. Tendría 102 años cuando salga. No era justicia, es venganza". 

El exconseller Jordi Turull, condenado a 12 años de prisión, explica que cuando recibió la sentencia ya estaban preparados mentalmente para lo peor y que justo después pidió que escribiesen un tuit en su nombre con el mensajer "Visca Catalunya lliure" (Viva Cataluña libre) para que se viese desde el minuto cero que no se doblegaría. 

Turull dice que el peor momento fue cuando supo que su padre, al conocer la sentencia, lamentó que se iría de este mundo sin ver a su hijo salir de la cárcel.

El exconseller Joaquim Forn, condenado a 10 años y seis meses, explica que todavía le resuenan las palabras del funcionario del Supremo y tiene grabado en la memoria el momento en el que le comunica la pena. También relata cómo después vuelven al módulo y reciben muestras de solidaridad por parte de funcionarios y compañeros. "Llamo a mi mujer, ella ha conocido la sentencia por los medios, Ni ella ni yo nos desanimamos. Sabíamos cómo podían ir las cosas y sabemos que hemos de seguir luchando", añade.

Por su parte, Raül Romeva, condenado a 12 años de prisión, dice que la cárcel preventiva y la sentencia demuestran que se les ha castigado "por ser quien son" y añade: "No va de leyes ni de código penal, hemos comprobado que si la ley es la misma para todos, la justicia no lo es. Es una injusticia y la prueba de que el estado español es un estado fallido que no se saldrá con la suya".

El exconseller también defiende que la decisión del Supremo sentenció personalmente a cada uno de los presos pero que es una decisión "contra un país, unas ideas y un movimiento en concreto". 

La exconsellera Dolors Bassa afirma que vivió el 14 de octubre de hace un año como uno de los peores días de su vida y que no se esperaba la sentencia de 12 años de prisión, que califica de "aberración". La exconsellera también critica que las instituciones catalanas no supieron estar "a la altura" para consensuar una respuesta unitaria a la sentencia del Supremo y añade que esto condicionó la respuesta de la ciudadanía y que le dolió. 

Por su parte, Josep Rull, condenado a 10 años y seis meses, señala que la sentencia "no persigue hechos ilícitos sino ideas legítimas" y que tiene la voluntad de "escarmentar" a los más de dos millones de personas que votaron el 1 de octubre. 

Según el exconseller después de la sentencia hay dos cosas claras: que no se rendirán nunca y que serán siempre fieles al pueblo y que "la esperanza es más poderosa que el miedo". 

El exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, condenado a 9 años de prisión, admite que la sentencia fue dura pero que les "animó" ver que la gente salía a la calle. La decisión del Supremo fue, según Sánchez, un "castigo político por encima de cualquier cosa justificada desde la perspectiva del Código Penal". 

Los familiares de los presos piden la amnistía: "Estamos peor que nunca"

La Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC) se ha reunido este miércoles en el Palau de la Generalitat con el vicepresident en funciones de president, Pere Aragonès, y la consellera Meritxell Budó. 

Sus representantes, Blanca Bragulat, Meritxell Lluís y Diana Riba -esposas de los políticos presos Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, respectivamente-, han pedido la amnistía de los líderes encarcelados, y han apuntado a que "el indulto tampoco es la solución". 

En una rueda de prensa posterior, Bragulat ha explicado la situación de los presos y las familias, un año después de la sentencia del Supremo por el 1-O: "Estamos peor que nunca". La ACDC espera que la mesa de diálogo sirva para abordar la amnistía, y lamenta que el Supremo tumbe los permisos del 100.2 y el tercer grado.

ACN