Una trabajadora que constate que su sueldo es menor que el de un compañero que realiza las mismas funciones podrá acudir a la Justicia Social para denunciar a su empresa que podrá enfrentarse a una multa de hasta 187.000 euros por discriminar a las mujeres a través de las retribuciones.

Estos dos aspectos figuran en los dos reglamentos que ha aprobado este miércoles el Consejo de Ministros para desarrollar el decreto de marzo de 2019, que obligaba a las empresas a publicar las tablas salariales y elaborar planes de igualdad. Con ellos, las empresas tendrán ahora seis meses para adaptarse a estas obligaciones, con las que el Gobierno quiere reducir la brecha salarial, que actualmente es del 22%.

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Según la 'Encuesta de Estructural Salarial' del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario neto mensual medio en 2018 fue de 1.430,7 euros, de 1.562,1 euros en el caso de los hombres y 1.286,4 en el de las mujeres. La brecha no se da solo en la empresa privada. El sindicato mayoritario de la función pública, CSI-F, ha apuntado este miércoles que las mujeres funcionarias cobran 3.374 euros menos de media y hacen el triple de jornadas a tiempo parcial que los hombres.

"A partir de hoy, se acabó que hombres y mujeres puedan percibir retribuciones diferentes", ha aseverado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al término de la reunión del Gobierno que ha aprobado los reglamentos, que se han negociado con los agentes sociales y se ha elaborado en colaboración con el Ministerio de Igualdad. Su titular, Irene Montero, el principio de estas dos normas es que "las mujeres tenemos que cobrar lo mismo que los hombres por los mismos trabajos". Con ello el Gobierno espera ir reduciendo la brecha salarial, después de que la pandemia haya echo añicos las previsiones en el ritmo de reducción. Díaz y Montero han insistido en que la Covid ha contribuido a aumentar las diferencias salariales entre hombres y mujeres.

Para revertir esta tendencia, el Gobierno ha dado luz verde a dos reglamentos que desarrollan el decreto de marzo del año pasado, donde se establecía que las empresas tenía que publicar las tablas salariales y elaborar de planes de igualdad. "A partir de ya mismo van a tener que renegociar los planes de igualdad", ha dicho Díaz, que como Montero, ha puesto el acento no solo en los sueldos que perciben hombres y mujeres, sino, sobre todo, en los complementos retributivos, donde se refleja aún más la desigualdad.

Indicio de discriminación y multa

Ahora se les da seis meses para que empiecen a ponerlo en práctica. Al cabo de este periodo, cobrar menos que un compañero varón por el mismo trabajo permitirá a una trabajadora recurrir a la justicia de lo Social y "alterar la carga de la prueba", porque la diferencia de salarios que se constate en las tablas salariales serán un "indicio de discriminación" que deberán valorar los jueces. 

Por otra parte, también habrá una vía administrativa. Si la Inspección de Trabajo constata que se "vulneran derechos fundamentales" por lo que se refiere a la desigualdad retributiva, puede imponer una sanción grave de acuerdo ala Ley Reguladora de la Inspección de Trabajo, que se multa con 187.000 euros.