Las comunidades empiezan a temer a los Tribunales Superiores tras tumbar en Madrid y Aragón medidas contra la Covid

  • Lambán (Aragón) y Chivite (Navarra) comentaron este sábado la sentencia contra las restricciones del alto tribunal aragonés.
  • Navarra, Cataluña o en Andalucía recomienda fuertemente a los ciudadanos restringir la movilidad pero no lo decretan.
  • ​El Gobierno cambió la ley para esquivar los juzgados ordinarios y ahora son los Superiores los que frenan medidas.
Sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
Sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
EUROPA PRESS - Archivo

Los dos últimos fallos de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Aragón contra restricciones al movimiento para frenar la pandemia han puesto en guardia a los gobiernos autonómicos. Hasta esta semana -e incluso también en los últimos días-, la norma era que estas cortes refrendaban sin apenas problemas las medidas de las comunidades. Pero esto ya no parece que vaya a ser la tónica general y el riesgo comprobado de que los jueces anulen sus medidas exige a las comunidades ser precavidas para no ver anuladas sus restricciones. Tanto es así, que el mensaje que se ha mandado en los últimos días desde Cataluña, Aragón o Andalucía es que los ciudadanos se "autoconfinen" o reduzcan al máximo sus salidas, pero nada mediante decreto.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha reconocido este domingo que uno de los motivos por los que su Gobierno ha descartado prohibir que los navarros se desplacen a otras comunidades se debe precisamente al temor de que el Tribunal Superior de Navarra lo rechace. El martes entrarán en vigor limitaciones que afectan a los aforos y horarios de los establecimientos públicos y a las relaciones sociales. Sin embargo, los navarros podrán desplazarse por toda la comunidad, vivan donde vivan.

Las comunidades extreman las cautelas

"Hemos entendido que no era necesario limitarla [la movilidad] entre municipios porque todos tienen las mismas restricciones y es verdad que los jueces nos han ido avalando todas y cada una de las órdenes forales, pero limitar la movilidad entre comunidades tiene sus complicaciones legales y no quisiéramos que nos pudieran tumbar esta normativa por limitar el movimiento entre comunidades", ha explicado Chivite en la rueda de prensa en la que ha desgranado las medidas que entrarán en vigor el martes en su comunidad.

Chivite ha apuntado también que este sábado habló por teléfono con el presidente de Aragón, Javier Lambán, justo el día en que el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad denegaba la autorización para el confinamiento perimetral de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) que había pedido el gobierno autonómico ante el aumento de casos positivos de coronavirus. Este mismo tribunal rechazó reducir los aforos en Zaragoza en un fallo sobre la denuncia que presentaron organizaciones empresariales del sector.

Lambán y Chivite comentaron este nuevo varapalo judicial contra restricciones de movimientos para frenar la pandemia en lo que fuentes del gobierno navarro señalan que es una preocupación extendida y que está haciendo que las comunidades extremen las cautelas a la hora de fijar restricciones. 

Tal y como ha apuntado este domingo Chivite, el gobierno foral está teniendo mucho "cuidado" al legislar y decidir medida para no "caer en motivos" que puedan dar como resultado una sentencia judicial contraria.

Reducir las interacciones en Cataluña

Cataluña también ha adelantado este domingo que el martes que viene se endurecerán las medidas para intentar frenar los contagios. De momento, el Govern ha adelantado que se recomendará el teletrabajo y las clases online cuando sea necesario, pero no se ha señalado nada sobre restricciones de movimientos. Con estas medidas, el gobierno catalán espera poder reducir la movilidad y las interacciones sociales pero, como Navarra, no las fijará en una orden y simplemente las piden encarecidamente a la población. Algo que estos días está siendo generalizado por España, independientemente del signo político.

"Clarísimamente tenemos que reducir la movilidad y la interacción social", ha declarado la consellera catalana de Sanidad, Alba Vergès (ERC). "El éxito de las medidas va a venir acompañado además del cumplimiento de cada uno de nosotros y nosotras y de reducir al máximo la interacción social, no hace falta decir que lo que no es imprescindible no debería hacerse estos días", había recomendado poco antes la presidenta de Navarra (PSOE). Este sábado, el ayuntamiento (PP) de la localidad sevillana de Herrera pidió a sus 6.500 habitantes que se autoconfinen por el aumento de casos de coronavirus.

Los jueces, clave 

Desde que se levantó el estado de alarma el 21 de junio, los jueces se han convertido en una pieza clave de la lucha contra la pandemia. Ahora son ellos los que determinan si las medidas que toman los gobiernos autonómicos respetan los derechos fundamentales de los ciudadanos y las restricciones de movimientos son la pieza más sensible.

Este verano, la tónica más frecuente, que se vio en Madrid o en Cataluña, consistió en que un juez de primera instancia podía rechazar medidas como el confinamiento de Lleida o prohibir fumar en las terrazas pero entraban igual en vigor al cabo de los días porque el gobierno autonómico de turno recurría ante el Tribunal Superior de su comunidad, que terminaba dando vía libre.

Tan clara era la tendencia que el mes pasado el Congreso aprobó con una inusual mayoría un cambio legal para atribuir a los Tribunales Superiores de Justica directamente la competencia para revisar las medidas autonómicas contra la covid. PSOE, Unidas Podemos, PP, Cs o PNV votaron a favor de una reforma con la que esperaban superar el obstáculo que representaban los juzgados de primera instancia para aligerar la lucha contra la pandemia.

Sin embargo, todo empezó a cambiar el jueves pasado. Ese día, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó los confinamientos perimetrales de Madrid y otras -entonces- nueve ciudades madrileñas, al considerar que suponían una restricción a la libertad de movimiento que no estaba suficientemente motivada en la Orden de la Comunidad. 

Además de la imposición del estado de alarma en la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno central, el fallo judicial abrió otro frente en la guerra que libran las dos administraciones, con la sospechas en el Ejecutivo de Pedro Sánchez de que el de Díaz Ayuso renunció a apelar la la Ley de Salud Pública de 1986 con el supuesto ánimo de que el tribunal rechazar unas medidas contra las que el gobierno de Sol había presentado recurso.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón aumentó este sábado la incertidumbre, al echar por tierra el confinamiento perimetral de La Almunia de Doña Godina que, en este caso sí, el gobierno de Lambán había justificado con la ley de 1986.

No ha sido siempre así, porque también en los últimos días el Tribunal Superior de Castilla y León ha refrendado el confinamieto perimetral de León y Palencia. Sin embargo, estos tribunales han dejado de trabajar al unísono y los gobiernos autonómicos extreman las precauciones para no dar un paso en falso.

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