Ante ello, el delegado de Recursos Humanos, Bernardo Jordano (PP), ha mostrado el rechazo a que se asegure que el Consistorio esté incumpliendo el acuerdo sobre conceptos retributivos del Área de Seguridad, al tiempo que el delegado de Seguridad y portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha recomendado a los grupos que "no pidan imposibles al equipo de gobierno", al que "se le puede pedir que mejore su gestión y la oriente en un sentido u otro, pero no cabe pedir la luna", ha subrayado.

En concreto, los cuatro grupos de la oposición han pedido que "se implante de forma urgente la Valoración de Puestos de Trabajo, que debe implantarse no más allá de enero de 2021, iniciándose en Seguridad y continuando en el resto de áreas", así como que "se comience a trabajar en la planificación de la oferta pública de empleo de 2021, 2022 y de 2023 con un cupo adaptado a la ratio establecida por número de habitantes".

Igualmente, han solicitado que "se ejecuten las inversiones necesarias, que fueron recogidas en el presupuesto de 2020, en el edificio situado en avenida de los Custodios, la Jefatura de la Policía Local y Parque de Bomberos". Estas inversiones recogían la remodelación de la sala de tiro, la sala de descanso, los vestuarios y los baños. Además, debían establecerse "los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad en los accesos y en el interior del edificio".

Por otra parte, la oposición ha pedido que "se realicen PCR o pruebas serológicas de control a la Policía Local y Bomberos periódicamente, como única forma de evitar contagios". Además, se han solidarizado con la concentración que han convocado los citados efectivos, que han avanzado que en esta jornada han comenzado con las movilizaciones y no pararán "hasta que se cumpla el acuerdo".

CUESTIÓN "PURAMENTE JURÍDICA"

Entretanto, el teniente de alcalde de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, ha señalado que el acuerdo al que hace referencia estos días la representación sindical de la plantilla de efectivos de Policía Local y Bomberos es, "concretamente, uno alcanzado con el equipo de gobierno de Isabel Ambrosio en octubre de 2018, que afectaba, además, a personal de otras delegaciones como Infraestructuras o Parques y Jardines".

En este acuerdo se decía, textualmente que "tiene por objeto establecer los criterios y medidas de distribución del fondo del 0,3% de la masa salarial correspondiente al ejercicio 2017 previsto en el artículo 18.Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y el mismo porcentaje (0,3) para los ejercicios 2019 y 2020".

Es el punto cuarto de ese mismo artículo de esa misma Ley el que define el concepto de masa salarial, y dice que, para el cálculo de la misma "se exceptúan, en todo caso: a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador".

Jordano ha indicado que "aquí estriba la principal discrepancia entre Ayuntamiento y sindicatos, que basan sus cálculos en una suma de todos los gastos que se generan en torno a los salarios de todo el personal del Consistorio". "La diferencia es importante, pues supone calcular el 0,3% de una base de unos 56 millones de euros, según los técnicos municipales de Recursos Humanos, a hacerlo sobre unos 91 millones de euros, como defienden los representantes sindicales", ha expuesto el edil.

"La cuestión no es, por tanto, ni económica ni política, sino puramente jurídica", ha aclarado el teniente de alcalde delegado de Recursos Humanos, quien ha agregado que "nadie quiere, bajo ningún concepto, pisar la línea de la prevaricación".

En esa tesitura, el Ayuntamiento entiende que está "cumpliendo con el destino acordado del 0,3% en cuestión, abonando a su cargo horas trabajadas, por ejemplo, los sábados o en eventos de fechas señaladas en el calendario local", ha precisado el concejal, quien ha insistido en que "no es que no se estén abonando las nóminas ordinarias de esos trabajadores, sino que se discute sobre conceptos concretos que vienen a retribuirse de forma extraordinaria".

"Simplemente, el fondo se va a agotar mucho antes de lo que esperaban los sindicatos", ha apuntado el delegado, al tiempo que ha asegurado que "el Consistorio seguirá cumpliendo con los pagos pendientes hasta agotar el recorrido legal que permite el acuerdo de 2018, y del que ya falta poco para terminar", y ha recordado que, "desde la llegada a Capitulares del nuevo equipo de gobierno el año pasado, se han abonado conceptos atrasados desde el año 2015".

Y la primera teniente de alcalde y portavoz de Cs, Isabel Albás, ha mantenido que "no se dice no a los abonos", sino que "estamos a favor" de que se hagan, pero "existe una discrepancia técnica que hay que resolver", a la vez que ha defendido la labor de policías y bomberos.

ATENCIÓN SANITARIA Y OCUPACIONES ILEGALES

En otro orden de cosas, el debate entre la oposición y el equipo de gobierno también se ha producido en una moción sobre la mejora de la atención primaria sanitaria y el servicio de ambulancias en Córdoba, que han respaldado PSOE, IU, Vox y Podemos y ha contado con la abstención de PP y Cs.

Además, PP, Cs y Vox han aprobado una moción, con el voto en contra de PSOE, IU y Podemos, para instar al Gobierno de España a aprobar "de manera urgente" una ley que "garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas".