En junio de 2019, Paula, una joven de 18 años okupaba la vivienda de su abuelo en Madrid, mientras este se encontraba en la localidad de Cartagena (Murcia), junto a su mujer, ingresada en una residencia al sufrir Alzheimer. Hoy, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha condenado a una multa de 360 euros a la nieta por un delito de usurpación de un inmueble.

Bajo sentencia, el juez ha acordado el desalojo de la vivienda en concepto de responsabilidad civil, advirtiendo de que si no se lleva a cabo, las Fuerzas de Seguridad desalojarán a cualquier persona que se encuentre en el interior de la vivienda.

Una condena que llega después de que el pasado 29 de septiembre se repitiera el juicio tras ser anulado por la Audiencia de Madrid y cuya sentencia absolvió a la joven y su pareja, alegando que la difícil situación a la que se enfrentaba por "un proceso de divorcio entre los padres" que afecta al consentimiento", impedía dictar una sentencia condenatoria.

El fallo ha señalado que Vicente Moreda, de 87 años, se vio privado de la posesión de un inmueble que, como propietario tenía el derecho de usar y disfrutar, dando por acreditada "la nula relación entre abuelo y nieta sin que desprenda ningún interés en conseguir la reconciliación familiar".

Y es que, para el juez, la acción llevada a cabo por Paula se realizó "abusando de la vulnerabilidad del denunciante debido a la gran diferencia de edad entre ambos", con la única justificación de "no tener a dónde ir" con su "chica".

La víctima de la okupación, fue consciente de la misma a través de una llamada de un vecino, en la que alertaba de que una chica había entrado en su casa. Justo en ese momento, la familia interpuso una denuncia y contrató a la empresa Desokupa para lograr, sin éxito, la salida de la joven. Una chica que, tal y como salió a la luz en la vista, padecía problemas familiares e, incluso, había llegado a ser denunciada, por su propia madre, que decía sufrir agresiones.