Huermur solicita al Defensor del Pueblo que recurra al TC dos leyes 'ómnibus' de la Región de Murcia

La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) ha elevado al Defensor del Pueblo una petición para que recurra ante el Tribunal Constitucional dos leyes 'ómnibus' aprobadas por el Gobierno regional, informaron fuentes de la organización en un comunicado.

Según Huermur, estas leyes modifican, entre otras, la Ley del Suelo, la Ley Ambiental o la legislación de vivienda y puertos. En concreto, varios artículos y apartados de la Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del Covid-19 en el área de medio ambiente, y de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico de puertos, vivienda y suelo.

La Asociación ha señalado que estas dos peticiones al Alto Comisionado se han elaborado gracias al trabajo e informes de un grupo multidisciplinar formado por media docena de técnicos especializados en áreas de medioambiente, urbanismo, infraestructuras, patrimonio cultural, y litoral.

Entre ellos se encuentran el profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia (UMU) Santiago Álvarez y la experta en urbanismo y ordenación del territorio María Ángeles Moreno Micol.

Sendas solicitudes reclaman al Defensor del Pueblo que, ante los "graves visos de inconstitucionalidad de diversos artículos" de las citadas leyes 'ómnibus', las estudie y, si procede, presente recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Para Huermur, "resulta especialmente preocupante la modificación de la Ley del Suelo en su artículo 264, por la que ahora se permite con una simple declaración responsable, realizar actuaciones de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos patrimonialmente protegidos o catalogados, sin que se haga necesaria la existencia de informes y/o autorizaciones previas por parte de la Administración pública y sus servicios con competencias en patrimonio histórico (ni local, ni autonómica, ni estatal)".

Una modificación que, a juicio de la organización conservacionista, "contraviene tanto la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español que obliga a la existencia de estos permisos previos, como los artículos 9.3, 103.1 y 149.1 de la Constitución Española".

Otro de los aspectos de la solicitud de Huermur ante el Alto Comisionado de la Cortes Generales versa sobre la decisión del Gobierno autonómico de ceder a los ayuntamientos las competencias para la elaboración de los planes de ordenación de playas, "cuando esta es una clara competencia estatal de la Demarcación de Costas".

Por otro lado, Huermur también ha considerado inconstitucionales los apartados 9, 13, 20 y 22 del artículo 1 de la Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente, al entender que "vulneran de forma flagrante" la Ley estatal de Evaluación Ambiental 21/2013.

Así, se ha dirigido al Gobierno regional para indicar que "usar como excusa la pandemia del Covid-19 para rebajar las exigencias y controles de la legislación sobre el medioambiente y el patrimonio histórico, no es de recibo, ni ético".

El presidente de Huermur, Sergio Pacheco, ha manifestado que "la legislación ambiental y urbanística no puede ser objeto de modificaciones caprichosas de los políticos de turno, y lamentamos que los dirigentes actuales vean como cargas los controles ambientales, en vez de como garantías legales para asegurar la protección del medioambiente".

"Lo mismo sucede con el patrimonio histórico, ya que es un recurso limitado y no renovable, pues una vez que se destruye o degrada un monumento, lo perdemos para siempre", ha añadido Pacheco.

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