Andalucía ocupa el segundo puesto del ranking de las comunidades autónomas más denunciadas y condenadas por negligencias médicas. Sus 1.538 casos son sólo superados por los 4.111 de Madrid. El total acumulado en España es 12.276.

Las quejas más frecuentes son las relativas a las listas de espera, al colapso de los servicios de Urgencias, a una mala atención primaria y a la falta de infraestructura hospitalaria. La provincia que más negligencias médico-sanitarias acumula es Sevilla, con 479, seguida muy de cerca por Málaga, con 416.

Los hospitales más denunciados han sido los complejos hospitalarios Carlos Haya (Málaga) y Virgen del Rocío (Sevilla). Mientras, las tres provincias que bajan de los tres dígitos en el número de casos son Almería, con 72; Jaén, con 63; y Huelva, con 52, según la memoria de 2008 elaborada por la asociación Defensor del Paciente.

El servicio que más denuncias acumula es Urgencias, que esta asociación asegura que están "totalmente desbordadas" por dos motivos: "Por falta de medios" y porque "el ciudadano ataja por las puertas de urgencias para conseguir por la vía rápida atención especializada, algo imposible desde la Atención Primaria".

En ésta última, cuyo funcionamiento califica como "desastroso", las criticas se centran en que "es imposible hacer un buen trabajo atendiendo tres minutos al paciente". Y asegura que "la inestabilidad laboral del SAS está derivando al personal a la sanidad privada".

El tercer gran problema se centra en la falta de infraestructuras. El Defensor del Paciente denuncia que "Andalucía tiene la mitad de hospitales que Cataluña, pese a tener un millón más de habitantes". También comenta que "la falta de médicos y enfermeros en todas las provincias es bestial" y recuerda que es "la penúltima comunidad en gasto sanitario del país".

Las listas de espera

El Defensor del Paciente denuncia que el SAS utiliza la informática para "maquillar" las listas de espera tratand0 de "evitar que ningún ciudadano supere en el ordenador más de los 180 días que obligarían al erario público a pagarle la asistencia en un centro privado".

Asegura que lo hace dándole "a una tecla para que apareciera en el listado abierto que el paciente había sido revisado o se le había sometido a pruebas fantasma" con independencia de que "esto fuese falso". Y pone como ejemplo que "en Córdoba, 5.000 pacientes pendientes de operarse no aparecían en las listas de espera".

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